En defensa de la política

Alberto Benítez Tiburcio

“Todos los políticos son iguales”. “La política es un negocio”. Son frases que han adquirido la comodidad de los lugares comunes, pues permiten explicar casi cualquier cosa sin necesidad de elaborar demasiado. Sería un error descartarlas como simple cinismo ciudadano pues la política mexicana ha contribuido a su propio descrédito. La corrupción, el oportunismo, la perpetuidad de muchas dirigencias, la dificultad de los partidos para renovarse y una práctica frecuente del poder como patrimonio han dejado huella. Hay razones para la desconfianza, pero lo que no resulta tan evidente es que de ellas pueda desprenderse una condena de la política misma.

A ese descrédito contribuye tambien la política de la conveniencia. La que cambia de principios según se esté en el gobierno o en la oposición; la que celebra los contrapesos cuando limitan al adversario y los considera obstáculos cuando contienen a los propios. Esa que exige el cumplimiento estricto de la ley cuando perjudica a otros y descubre excepciones cuando afecta a los aliados. Ese ventajismo termina erosionando algo más profundo que la credibilidad de un partido y esa es la confianza en que existen reglas comunes.

Sin embargo, distinguir entre políticos y política importa. Los primeros pueden ser incompetentes, frívolos, corruptos o admirables. La segunda responde a una necesidad más profunda de cualquier sociedad libre y es organizar la convivencia entre personas que no piensan igual. La política comienza allí donde desaparece la unanimidad y aparece el pluralismo, cuando reconocemos que nuestras sociedades están formadas por individuos y grupos con intereses, valores y concepciones distintas acerca de lo justo y lo deseable.

Ese reconocimiento contiene buena parte de la dificultad de la democracia. El pluralismo no significa únicamente que existan muchas opiniones, sino aceptar que ninguna tiene derecho a reclamar por sí sola la representación absoluta de la sociedad. El desacuerdo no es una anomalía que deba corregirse, sino una condición normal de la vida democrática. Donde existen individuos libres existe diferencia y donde hay diferencia aparece el conflicto. Si no queremos resolverlo mediante la imposición o la violencia, necesitamos la política.

Por eso democracia y política son inseparables. La democracia no es solamente un procedimiento para determinar quién obtiene una mayoría. Es una forma institucional de organizar el pluralismo y hacer posible que convivan proyectos incompatibles.Permite que las mayorías gobiernen sin apropiarse del Estado y que las minorías pierdan sin dejar de pertenecer a la comunidad política. Por su parte, la política es el medio por el cual esas diferencias se expresan, se confrontan, se negocian y, finalmente, se convierten en decisiones.

El mérito de la política no está en producir concordia, sino en hacer manejable el desacuerdo. Tampoco en descubrir una voluntad colectiva homogénea, porque semejante voluntad difícilmente existe en sociedades complejas. Se trata, más bien, de construir decisiones comunes entre personas que seguirán siendo distintas después de haberlas adoptado.

El siglo XXI parece empujar a la democracia hacia formas de participación más directa. Consultas, asambleas ciudadanas, presupuestos participativos, mecanismos deliberativos y plataformas digitales abren posibilidades que hace unas décadas eran marginales. La política tampoco se agota en los partidos: la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones sociales, y las comunidades organizan intereses y trasladan demandas al espacio público. Nada de eso vuelve prescindibles a los partidos. En sociedades complejas seguirá haciendo falta alguna forma de intermediación capaz de agregar intereses muy distintos, convertirlos en propuestas colectivas y competir por el gobierno. La intermediación partidista tendrá que cambiar pero no parece destinada a desaparecer.

En México, una parte del descrédito de los partidos proviene precisamente de su dificultad para renovarse. El relevo generacional no es un asunto de edad, mucho menos se resuelve incorporando jóvenes como decoración de estructuras que siguen distribuyendo el poder del mismo modo. Renovarse significa permitir la circulación de ideas, experiencias y liderazgos; entender que una sociedad que cambia necesita organizaciones capaces de cambiar con ella. Cuando eso no ocurre, la representación se vuelve distante y el ciudadano deja de reconocerse en quienes dicen representarlo.

También se deteriora la deliberación. Si cada intervención partidaria sirve para reafirmar a los propios y descalificar a los otros, ya no se discute para convencer ni se escucha con la posibilidad de reconsiderar. El debate deja de producir razones y empieza a organizar facciones. Puede seguir habiendo elecciones, partidos, campañas y discursos, pero la política pierde poco a poco su capacidad de procesar el pluralismo.

En ese terreno prospera la antipolítica. No nace solamente de la ignorancia ni tiene necesariamente un origen autoritario; se alimenta de las fallas de la propia política. Cuando ésta se percibe como simulación, privilegio y confrontación permanente, resulta comprensible la tentación de sustituirla por algo que parezca más limpio: la técnica, el personaje fuerte o el líder carismático que asegura interpretar sin intermediarios la voluntad popular. Ninguna de esas fórmulas elimina, sin embargo, los intereses, las diferencias o el poder. Lo que cambia es el lugar donde se procesan y, muchas veces, disminuyen los mecanismos públicos para confrontarlos y limitarlos.

Defender la política no significa entonces defender a quienes viven de ella, mucho menos pedir indulgencia frente a sus abusos. Significa defender una manera de organizar el pluralismo y someter el poder a discusión. Supone exigir mejores partidos, renovación auténtica, límites efectivos y una conversación pública en la que las convicciones puedan defenderse con firmeza sin necesidad de convertirlas en verdades absolutas.

Quizá ésa sea la contradicción de nuestro tiempo. Nuestras sociedades son cada vez más diversas y, al mismo tiempo, despreciamos el mecanismo que permite organizar esa diversidad. Queremos pluralismo, pero nos incomoda el conflicto que inevitablemente produce. Queremos democracia, aunque en el fondo preferiríamos que nuestras convicciones prevalecieran sobre las ajenas.

Una sociedad puede cansarse de sus políticos. Puede cambiar de partidos, reformar sus instituciones y castigar electoralmente a quienes la decepcionan. Lo que no puede hacer sin poner en riesgo su libertad es renunciar a la política. Cuando el pluralismo deja de organizarse políticamente, las diferencias no desaparecen y el poder tampoco. Sólo desaparece la posibilidad de disputarlo bajo reglas comunes.