El mundo que está olvidando sus límites

Alberto Benítez Tiburcio

La democracia constitucional nació para resolver una pregunta fundamental: ¿cómo impedir que el poder se convierta en abuso? Su respuesta fue sencilla en apariencia, pero revolucionaria en sus consecuencias: limitar el poder mediante leyes, instituciones y contrapesos, y garantizar al mismo tiempo una esfera de derechos humanos que ningún gobernante, partido o mayoría pueda vulnerar. Por eso la democracia constitucional y los derechos humanos forman parte de una misma arquitectura.

Nada de ello surgió por generación espontánea. Son conquistas construidas durante décadas a partir de algunas de las experiencias más traumáticas de la humanidad. Tras guerras mundiales, genocidios, persecuciones y dictaduras, el mundo llegó a un consenso básico: ningún Estado debe estar por encima de la ley y ninguna razón política justifica la negación de la dignidad humana.

El informe “La situación de los derechos humanos en el mundo 2026”, publicado por Amnistía Internacional, debe leerse precisamente desde esa perspectiva. No es un simple inventario de abusos actuales: es el retrato de una tendencia más profunda, la erosión progresiva de los límites que durante décadas contuvieron los impulsos más peligrosos del poder político.

Lo inquietante no es que existan gobiernos represivos; siempre los ha habido. Lo preocupante es que cada vez son más los líderes que han dejado de sentir la necesidad de disimularlo. Durante décadas, incluso los gobiernos más cuestionables procuraban justificar sus excesos con algún lenguaje de legalidad o democracia. Hoy muchos han descubierto que desafiar abiertamente esos principios produce réditos políticos. La transgresión se ha convertido en espectáculo; la confrontación permanente ha sustituido a la deliberación.

En distintas regiones del mundo se observa una misma lógica con distintos rostros. Desde el nacionalismo agresivo de Donald Trump, pasando por el autoritarismo expansionista de Vladimir Putin, hasta el modelo de concentración de poder y violación abierta de derechos impulsado por Nayib Bukele en aras de la seguridad pública, el mensaje de fondo es parecido: las instituciones son valiosas siempre que no estorben, y los contrapesos son aceptables mientras no limiten.

En ese contexto resulta imposible ignorar el papel de los populismos de distinto signo ideológico. Aunque suelen presentarse como movimientos de regeneración democrática, con frecuencia terminan debilitando aquello que dicen defender. La lógica es conocida: se proclama la existencia de un pueblo homogéneo y virtuoso; se identifica a un enemigo responsable de todos los males; se desacreditan las instituciones capaces de imponer límites; finalmente se afirma que la voluntad popular está por encima de cualquier restricción constitucional.

Ese deterioro suele presentarse como una ampliación de la democracia cuando, en realidad, implica su degradación. La democracia constitucional no consiste únicamente en ganar elecciones; consiste también en aceptar límites y respetar derechos. Cuando esa convicción desaparece, la democracia deja de ser un sistema de libertades y comienza a convertirse en una simple disputa electoral por el control del poder.

El informe documenta cómo esta lógica se manifiesta hoy en la criminalización de la protesta, la persecución de activistas, el uso expansivo de leyes de seguridad nacional, el debilitamiento de organismos internacionales y el deterioro de los derechos fundamentales en países con regímenes muy distintos entre sí. La erosión democrática ya no es una excepción; empieza a convertirse en una tendencia global.

La misma lógica aparece en el terreno económico. Décadas de concentración de la riqueza, estancamiento salarial y pérdida de oportunidades han generado un profundo malestar social. Las democracias han dejado de generar bienestar para las mayorías y eso erosiona su legitimidad. La promesa de movilidad social se ha vuelto cada vez más distante.

Ese resentimiento tiene causas legítimas. El problema comienza cuando deja de traducirse en reformas y se convierte en combustible para proyectos políticos que ofrecen culpables en lugar de soluciones. Cuando la desigualdad se combina con la polarización y la pérdida de confianza institucional, la tentación autoritaria encuentra un terreno fértil para crecer.

A esa crisis democrática y económica se suma la emergencia climática, quizá el fracaso político más evidente de nuestra generación. Nunca habíamos entendido tan bien una amenaza global y, sin embargo, nunca habíamos reaccionado tan poco. Sabemos qué ocurre, conocemos sus causas y disponemos de buena parte de las soluciones; pese a ello, seguimos expandiendo la extracción de combustibles fósiles, financiando actividades contaminantes y posponiendo decisiones que debieron tomarse hace décadas.

Los costos ya son visibles en forma de sequías, incendios, inundaciones, desplazamientos humanos y pérdida de biodiversidad. Como suele ocurrir, los más pobres, quienes menos contribuyeron al problema, son quienes pagan la factura más alta.

Mientras tanto, la inteligencia artificial, la vigilancia digital y la concentración tecnológica crean herramientas de control que cualquier régimen autoritario del siglo pasado habría considerado inimaginables. Nunca antes gobiernos y corporaciones privadas habían tenido tanta capacidad para recopilar información, monitorizar comportamientos e influir en las decisiones individuales, incluso en procesos electorales.

La erosión democrática, el auge del populismo, la desigualdad económica, la crisis climática y la concentración tecnológica no son fenómenos independientes. Forman parte de un mismo proceso: la pérdida gradual de los límites al poder que sostienen una sociedad libre.

Cuando una sociedad deja de creer en los límites al poder, el problema no es quién gobierna; el problema es que, tarde o temprano, alguien gobernará sin ellos.