El derecho a incomodar

Alberto Benítez Tiburcio

El fin de semana del 11 al 12 de abril de 2026, en Ciudad Juárez, dos artistas pintaron un mural satírico del alcalde. Una caricatura incómoda, exagerada, hiriente. Nada fuera de lo común en una democracia. La sátira siempre ha sido así: provoca, incomoda, irrita al poder.

La reacción fue inmediata. Detención. Borrado. Corrección. Los artistas salieron libres tras la presión pública. El mural desapareció. La explicación llegó después. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar no negó lo ocurrido; lo ordenó dentro de una idea: “La libertad de expresión tiene un límite”.

La frase suena razonable. Justamente por eso inquieta. Los límites existen, pero no se construyen desde la incomodidad del poder, y menos desde la irritación de un presidente municipal. En una democracia constitucional, los fija la Constitución, que no está para proteger a quien gobierna, sino para limitar al poder y garantizar derechos fundamentales.

La libertad de expresión no es un adorno del sistema. Permite cuestionar, exhibir, incomodar. No fue diseñada para agradar, sino para tensar. Sus restricciones son excepcionales y responden a daños reales, no a molestias políticas. La burla, la exageración y la sátira forman parte de ese lenguaje incómodo que mantiene viva a una democracia.

Tiene, además, una doble dimensión que suele olvidarse: protege el derecho de quien se expresa, pero también el derecho de la sociedad a recibir información, a conocer críticas y a formarse una opinión libre sobre el poder. Cuando se limita la expresión incómoda, no solo se silencia a quien habla; se empobrece la conversación pública.

El problema aparece cuando el poder decide intervenir o acotar ese lenguaje, cuando intenta separar la crítica válida de la crítica intolerable. Ahí comienza el desgaste. Las democracias no caen de un día para otro. Se erosionan en silencios pequeños, en actos que parecen aislados, en decisiones que se justifican con facilidad. Primero se borra una imagen. Luego se inhibe la palabra. Después, la crítica comienza a marchitarse.

Ese es el verdadero riesgo: no el exceso de la crítica, sino la tentación de controlarla. Quien ejerce poder público no solo gobierna; se convierte en objeto de escrutinio, no por capricho, sino por necesidad democrática. La sociedad necesita vigilar al poder, y la libertad de expresión es el mecanismo que lo hace posible sin romper el orden.

Sin libertad de expresión no hay ciudadanía crítica. Sin ciudadanía crítica, no hay democracia. Porque cuando la libertad de expresión deja de incomodar, el poder deja de tener límites.