El comentario de hoy, martes 2 de junio 2026

La violencia en cualquiera de sus formas y la visión que se tenga de ellas, es reprobable. Dicho látigo ha dejado entre los mexicanos, durante décadas, pero sobre todo en los últimos años, una estela de dolor, incomparable aún en los países que libran guerras civiles o conflictos armados.

Ésta es sólo una breve introducción respecto a los hechos de violencia que se registraron el pasado 27 de mayo, en el paraje Rancho Zapata, al pretender desalojar el bloqueo carretero que mantenían maestros afiliados a la Sección 22, por parte de autoridades y vecinos de la Villa de Mitla.

De los hechos ya han comparecido los presuntos responsables ante el Ministerio Público. El edil de la Villa de Mitla, sobre quien se descargó la responsabilidad, solicitó licencia y se puso en manos de las autoridades competentes. Se trata de un caso que debe dirimirse en dichas instancias y a través del diálogo, no convertirse en bandera de chantaje y presión política. Mucho menos en argumento que, una vez más, como en el 2006, sirva para seguir fustigando a la ciudadanía, afectando la paz social, la gobernabilidad y la economía.

Desde el 25 de mayo en que el llamado Cártel 22 inició su paro de labores, se han presentado hechos de los cuales, más allá de apologías del delito, busca de culpables o responsabilidades, la sociedad debe normar su propio criterio. De los hechos lamentables que se dieron en Mitla, es importante subrayar que es uno más de la cadena de advertencias y avisos que han emitido, en diferentes momentos, las propias comunidades, respecto a las afectaciones que traen consigo los bloqueos carreteros.

Se trata del hartazgo de importantes sectores sociales: productores, transportistas, turistas, comerciantes, profesionistas, empleados y muchos más, respecto a esta estrategia burda de presionar a las autoridades tomando como rehén al pueblo inerme y conculcar el derecho a la libre circulación. Nadie pone en tela de juicio el derecho a manifestarse. Pero sí cuestionamos como ciudadanos, hasta dónde termina uno y empieza el otro, pues no puede hablarse de libre expresión si con ello se afecta a terceros.

El llamado magisterio democrático está emplazado a revisar su estrategia de lucha. Además, el desapego que han tenido durante cuatro décadas del quehacer educativo. La manipulación y la presión que ejercen sobre sus bases, que obligan a marchar o participar en plantones, a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o maestros con problemas patológicos.

La forma ruin en la que medran con los derechos laborales, para obligar a sus afiliados a protestar. Ahí está el lamentable caso del maestro fallecido en el campamento del Centro Histórico de la Ciudad de México, del que los dirigentes se lavan las manos con el sobado argumento de que “el responsable fue el Estado” y quieren maquillar con inútiles consignas. (JPA)