El comentario de hoy, martes 26 de mayo 2026

En nuestro comentario de hace tres semanas, advertimos del riesgo que implicarían para la Universidad Autónoma Benito Juárez -la UABJO-, las inconformidades, protestas o litigios de alguna de las partes, con el proceso de elección de rector, celebrado el pasado 13 de mayo. Los coletazos están a la vista. Hemos entrado ya en la tercera semana de la toma de Ciudad Universitaria y la paralización de la vida académica. Una vez más, la comunidad estudiantil como víctima.

El tema se ha llevado a los órganos jurisdiccionales e, incluso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la premisa de la injerencia del gobierno estatal y de otras presuntas irregularidades. Si bien, el doctor Farid Acevedo, quien según la Comisión Electoral que validó la elección tuvo mayoría del voto universitario, rindió protesta luego de saberse el resultado del cómputo y ha designado ya a su equipo de colaboradores, las condiciones de normalidad son inciertas.

Desde la breve campaña de los cinco aspirantes a la rectoría, que fue si acaso de una semana, perfiló en dos de los más fuertes contendientes, un ambiente de ataques y denuestos. Estudiantes, maestros y trabajadores, totalmente polarizados. Las redes sociales dándose vuelo. Por fortuna, la jornada electoral se llevó a cabo sin brotes de violencia. No obstante, la protesta del doctor Enrique Martínez, quien no obtuvo la mayoría, pero sí más de 9 mil 400 votos, no ha cedido.

Hay que subrayar que previo el registro y las campañas a la rectoría, alumnos y alumnas de diversas facultades que se ubican en Ciudad Universitaria, tuvieron serios problemas para normalizar sus actividades académicas, desde el período vacacional de diciembre. Y es que justo al reanudarse las clases, uno de los cinco sindicatos existentes, el STEUABJO, emplazó a huelga por la famosa revisión anual del contrato colectivo de trabajo y, para presionar, tomó CU, además de bloquear Avenida Universidad.

Eso no fue todo. Casi de inmediato, un grupo de simpatizantes de quien fue designado director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, presuntamente con irregularidades, tomó de nueva cuenta por cerca de tres semanas, las instalaciones universitarias. ¿Conclusión? Un semestre prácticamente perdido, si acaso a salvo en parte, por la iniciativa de algunos docentes de instrumentar las clases en línea.

Por las causas y motivos que sean, válidos o no, atentar contra el derecho a la educación es un crimen de lesa humanidad. Y es que, tal parece que nuestra Máxima Casa de Estudios vive, de nueva cuenta, un episodio de carácter político, que va más allá de un tema estrictamente universitario. (JPA)