El comentario de hoy martes 8 de diciembre de 2015

Aspirantes a la gubernatura han reconocido en entrevistas que uno de los problemas más graves de Oaxaca, no es la pobreza ni el rezago educativo: es la gobernabilidad. Existe una cultura, bastante arraigada en nuestra gente, de que no vale la pena trabajar, hay que bloquear vialidades, carreteras u oficinas, para obtener dádivas. Dinero contante y sonante. Fresco, pues.

La semana pasada por ejemplo, no más de ochenta vecinos de Santa Cruz Tagolaba, Santa María Mixtequilla y el Barrio Lieza, todos pertenecientes al distrito de Tehuantepec, mantuvieron bloqueado por tres días el puente denominado “El Caracol”, que es una bifurcación importante en la entrada al Istmo de Tehuantepec, en ruta a Veracruz, Chiapas, Huatulco, etc. Con una impunidad insultante, interrumpieron el flujo vehicular, pese a la mesa de diálogo que dispuso el gobierno estatal.

Sólo hay que imaginarse la frustración y la impotencia de miles de pasajeros, automovilistas, transportistas y otros, ante esta amenaza a la libertad de tránsito. Y no eran más de ochenta sujetos. Tampoco es la primera vez que lo hacen. De manera reiterada se plantan ahí o el Puente de Fierro en la entrada de Tehuantepec. Es decir, un grupo menor somete a miles y miles a sus caprichos, intereses personales o de grupo, sin que la fuerza del Estado se aplique como le obliga la ley.

Resulta por ello contradictorio el repique de campanas en el gobierno estatal, cuando anuncian las millonarias inversiones en la región istmeña, para la generación de energía eólica o las expectativas que abrirá la inversión federal en esta zona económica prioritaria. Pregunto: ¿qué proyecto puede despegar, traer fuentes de empleo, beneficios y derrama económica, con la arraigada cultura del chantaje? Por supuesto que ninguna. Nadie estará dispuesto a arriesgar su dinero frente a gente que ha dejado el trabajo aparte para dedicarse a la extorsión y la amenaza.

Los barcos de armadores del país y el extranjero, por ejemplo, ya no descargan en Salina Cruz, porque los transportistas de diversas organizaciones, que se asumen como los únicos privilegiados de trasladar por tierra la carga, les cobran derecho de piso. De ese tamaño es la impunidad. A ello hay que añadir la inseguridad que campea en la zona.

La pregunta es: ¿no es tiempo ya de que haya un gobernante dispuesto a aplicar la ley, la mano dura y restituir el Estado de Derecho, por el bien del pueblo oaxaqueño y de esta zona estratégica que mucho puede incidir en el desarrollo regional? Entendemos que no será fácil acabar con la cultura del chantaje. Pero no hay que ceder. Sin duda alguna, la ciudadanía aplaudirá cualquier acción de fuerza en ésta y otras circunstancias.