El comentario de hoy, martes 4 de octubre 2022

Ya se ha hecho costumbre para dirigentes de grupos y organizaciones sociales, volcar su frustración contra empleados de gobierno. Hace poco más de un año fueron los vecinos de Santo Domingo Teojomulco, quienes cerraron con candados los accesos de Ciudad Judicial y no sólo impidieron la salida de hombres y mujeres, sino que incluso, con una cobardía inédita, incendiaron el pasto seco cuando descubrieron que algunas empleadas, madres de familia, escaparían por la red de drenaje. La intención cobarde era asfixiarlas con el humo. Antes de ello tundieron a unos y otras con pedradas.

Yo me pregunto, ¿en dónde se han visto semejantes aberraciones, abusos y atropellos en contra de modestos empleados? En Oaxaca, ¿dónde más? El pasado martes se dio un hecho similar. Miembros del membrete llamado Consejo de Defensa Ciudadana (CODECI), retuvieron durante horas a trabajadores de la Secretaría de Finanzas. Al calor del chantaje del dirigente de una de las facciones, Juan Torres Pereda -hay otras dos, que dirigen un hermano y una hermana- se pretendía con ello presionar al gobierno a entregarle 40 millones de pesos.

¿A cargo de qué o con qué argumento exigen recursos públicos? Durante años, este sujeto y la familia han lucrado con la muerte del hermano, Catarino Torres Pereda, quien fue asesinado en la Cuenca del Papaloapan hace al menos diez años. Desde ese entonces marchan, protestan, bloquean, enarbolando la bandera de la víctima. Y eso les ha servido de parapeto para el chantaje. El sujeto mencionado hizo de las suyas en la temporada vacacional de julio, con peticiones millonarias similares. Por fortuna, la presencia inédita -porque nunca lo han hecho- de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional permitió la liberación de trabajadores y trabajadoras.

Estamos convencidos de que dicha acción es un delito, tipificado como privación ilegal de la libertad o secuestro. Pero, desde hace años se comete con absoluta impunidad en cualquier oficina de gobierno o en el edificio del Congreso del Estado. Es más, empleadas son vejadas por cobardes escudados en la multitud. En el paquete van trabajadores de base, confianza y de contrato. Lo que es absurdo es que ni el gobierno ni el sindicato se pronuncian al respecto. Tampoco la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Había que indagar la causa de ese silencio o ¿será que se trata de que los afectados se acostumbren a ese tipo de atropellos? Tarea para el gobernador electo, Salomón Jara. ¿Cómo acotar a esta caterva de falsos redentores sociales, que lucran con la pobreza de los pueblos y los utilizan a placer? ¿En una entidad con tantas necesidades cómo otorgar a fondo perdido centenas de millones de pesos, sólo para engordar a una casta de vividores? Pero, sobre todo, ¿cómo garantizar que los empleados al servicio del gobierno hagan su trabajo en paz y con seguridad? (JPA)