El comentario de hoy, martes 27 de septiembre 2022

El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo en Oaxaca, una reunión de gran trascendencia. El “Sexto Encuentro de gobernadores y gobernadoras del Sur Sureste de México con la embajada de los Estados Unidos de América”. Dicha reunión estuvo presidida por el embajador Ken Salazar y el gobernador Alejandro Murat, como anfitrión de los ejecutivos estatales de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estuvieron además el sector empresarial, de la banca y grandes empresas.

En esta reunión en la que estuvo presente también el gobernador electo, Salomón Jara, se puso sobre la mesa la importancia de esta zona geográfica de México que, paradójicamente y pese a su rico potencial, ha ido a la zaga del desarrollo nacional. Además, del interés histórico de nuestro país vecino de invertir en esta región que, desde mediados del Siglo XIX, ha estado presente en su entorno geopolítico. Hay que recordar el Tratado Mac Lane-Ocampo, suscrito en diciembre de 1859.

Llamó la atención que el gobernador electo se pronunciara a favor de la inversión extranjera en Oaxaca, que permita aprovechar nuestra posición estratégica y, particularmente, el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, pesimismo aparte, hay varios factores que, de no atenderse, habrán de descarrilar esos buenos propósitos. El reto que el futuro gobierno tiene enfrente no es algo simple, sino acotar con un buen andamiaje jurídico, un abanico de problemas.

Uno de los principales desafíos es darle seguridad legal a los inversionistas, en un estado cuyo Talón de Aquiles es la incertidumbre en la tenencia de la tierra. Una parte importante del territorio es comunal. Las comunidades se asumen propietarias de tierra, agua y recursos. Ése ha sido el factor que han aprovechado dirigentes y grupos para asumirse supuestos defensores de la cultura, la tierra y el territorio, devenidos látigos en contra de empresas de energía eólica y mineras. Con amparos y guerra mediática han echado por tierra importantes inversiones.

A ello hay que agregar la movilización perpetua, sobre todo en la región istmeña, donde se ha institucionalizado el bloqueo carretero. Hasta seis en un día. Aparte, por supuesto del chantaje y la extorsión desplegada por organizaciones sociales, dirigentes, sindicatos mafiosos como les llamó el presidente López Obrador y la presencia de grupos criminales, algo reconocido por las mismas autoridades. Un factor adicional es la moda de estos tiempos: la consulta a las comunidades indígenas sobre todo aquello que se pretende hacer en su entorno, del que se asumen propietarios. Por ello, siempre hemos opinado que Oaxaca es un territorio vedado para las inversiones. Lo hemos visto en los últimos días. El ejecutivo estatal debe hacer una pinza exitosa con el Poder Legislativo en la propuesta y aprobación de iniciativas y leyes que otorguen certidumbre jurídica y seguridad a los inversionistas. Además, para ir poniéndole freno al gran negocio que representa la cultura del chantaje. (JPA)