Opinión 

El comentario de hoy, martes 1º. De febrero 2022

El jueves 27 de enero, rindió tributo a la madre tierra en Tijuana, el cuerpo de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el domingo anterior, con un disparo en la cabeza. Fue la tercera víctima en las tres primeras semanas de enero. Otro colega, Margarito Martínez corrió igual suerte en fecha previa, en la misma ciudad fronteriza, en tanto que José Luis Gamboa Arenas, fue privado de la vida en la ciudad y puerto de Veracruz, a principios de enero.

Desde los tiempos de los gobiernos llamados neoliberales hasta el de la Cuarta Transformación, México ocupa uno de los primeros lugares como un país de grave riesgo para el ejercicio periodístico. El crimen de tres compañeros en menos de un mes, encendió las luces de alerta no sólo en el territorio nacional sino en el escenario mundial. La violencia exacerbada que vivimos hoy en el gremio, tiene que ver con la permanente campaña de linchamiento y descalificación en el actual gobierno. La primera mañanera de esta semana, lo puso de manifiesto.

En 1994, en la Declaración Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa –la SIP-, se estableció que no puede haber democracia en donde se conculca la libre expresión y el ejercicio de un periodismo libre y sin ataduras. Sin embargo, es motivo de indignación y preocupación que, sólo en tres años de esta administración, según fuentes ligadas al oficio, se hayan asesinado a 43 periodistas y 68 activistas.

Hasta el pasado régimen, los crímenes en contra de los representantes de los medios de comunicación, eran atraídos por la Fiscalía General de la República, a través de la Vice-Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas. Sin embargo, se entiende, que la dependencia tiene hoy otras prioridades. Cobrar venganza con el pasado o perseguir a científicos o arremeter en contra de los enemigos reales o imaginarios del gobierno federal.

El periodismo mexicano ha elevado la voz. La verdad no se calla matando periodistas; la libertad de expresión no debe ser rehén de amenazas, provengan de donde provengan. Lo mismo de los grupos criminales que de funcionarios o políticos con la piel sensible, que sólo buscan el aplauso fácil y los panegíricos. El Estado Mexicano y sus contrapartes estatales, están obligados a garantizar este derecho constitucional. Ya basta de ninguneo y de impunidad. Exigimos castigo a los responsables de seguir enlutando al gremio periodístico. Los ojos del mundo han estado sobre México. Sólo la solidaridad y la unión podrán darnos la fortaleza para enfrentar este clima de violencia e indolencia oficial. (JPA)

Leave a Comment