Crisis democrática: El Salvador y Nicaragua

Alberto Benítez Tiburcio

La democracia pierde legitimidad cuando no produce empleos, seguridad, movilidad social ni expectativas razonables de futuro. Se deteriora cuando el origen social y el color de piel pesan más que el talento y la promesa meritocrática parece una mala broma. Si a eso se suman corrupción, impunidad y élites incapaces de escuchar, el voto deja de expresar confianza y se convierte en instrumento de castigo.

El populismo no inventa esos agravios: los reconoce, organiza y transforma en energía política. Puede hacerlo desde la izquierda o la derecha, en nombre de la revolución, de los pobres o de la seguridad. Su operación es semejante: divide a la sociedad entre un pueblo virtuoso y unos enemigos culpables y presenta a un dirigente como encarnación de la voluntad popular.

Primero pide votos para derrotar al régimen anterior; después exige obediencia para vencer a los enemigos y finalmente elimina los límites que estorban a su gobierno. Así comienza también la destrucción de la República: los poderes dejan de contenerse entre sí y los tribunales, el Congreso, la prensa y los organismos de control pasan de ser garantías democráticas a ser descritos como obstáculos. Ese es el tránsito del populismo al autoritarismo.

Nicaragua ofrece el ejemplo más acabado desde la izquierda. Daniel Ortega, dirigente de la revolución que derrocó a la dictadura de los Somoza, regresó al poder en 2007 mediante elecciones. Años antes había pactado con el presidente Arnoldo Alemán una reforma que redujo el porcentaje necesario para ganar la Presidencia y repartió entre sus partidos los nombramientos de la Corte Suprema y la autoridad electoral.

Ortega ganó en 2006 con cerca de 38 por ciento de los votos. Para 2009, una Sala Constitucional dominada por sus aliados declaró inaplicable la prohibición de reelección. Se reeligió en 2011 y, en 2014, una reforma eliminó los límites a la reelección y amplió sus facultades. Primero se burló la norma mediante una sentencia; después se modificó para legalizar lo hecho.

En 2016, una resolución judicial despojó a la principal fuerza opositora de su representación y Ortega volvió a competir acompañado por su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. La captura institucional adquiría una forma nepotista.

El punto de no retorno llegó en 2018. Unas protestas contra una reforma a la seguridad social se transformaron en un movimiento nacional contra el gobierno. La Policía y grupos armados aliados respondieron con violencia y asesinó centenares de nicaragüenses. Al mismo tiempo, el régimen destruyó los espacios desde los cuales podía ser cuestionado: allanó redacciones, confiscó instalaciones, encarceló periodistas y forzó al exilio a centenares de comunicadores.

El ataque a la prensa no fue accesorio. Una sociedad necesita medios independientes para conocer lo que el gobierno oculta, contrastar versiones y formar una opinión propia. Sin ellos, el poder deja de enfrentar una esfera pública y comienza a administrar la realidad.

Antes de las elecciones de 2021, el gobierno encarceló a siete posibles candidatos presidenciales y a numerosos dirigentes, empresarios, activistas y periodistas. Ortega ganó con sus principales adversarios presos o exiliados. Hubo urnas, pero no eleciones libres.

La reforma constitucional de 2025 culminó el proceso. Ortega y Murillo fueron convertidos en “copresidentes” y la Presidencia recibió la facultad de “coordinar” al Congreso, los tribunales y la autoridad electoral. La Constitución dejó de organizar contrapesos y comenzó a organizar la concentración del poder.

El Salvador representa otra ruta, desde la derecha y con una fuente de legitimidad poderosa: la seguridad. Nayib Bukele ganó la Presidencia en 2019 como adversario de los partidos tradicionales, prometiendo eficiencia, modernidad y ruptura con una clase política desacreditada. El agravio era real. Durante años, las pandillas extorsionaron negocios, reclutaron jóvenes y controlaron territorios. Bajo su gobierno, los homicidios cayeron drásticamente y millones de salvadoreños recuperaron espacios dominados por el crimen. Negarlo sería deshonesto.

Pero la eficacia no cancela los derechos ni vuelve innecesarios los límites. En 2020, Bukele ingresó al Congreso acompañado de militares armados para presionar a los legisladores; al año siguiente, cuando su partido obtuvo la mayoría, destituyó sumariamente a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general. Los jueces nombrados en su lugar autorizaron la reelección presidencial inmediata, pese a que la Constitución la prohibía.

En marzo de 2022, tras una ola de homicidios, se decretó un régimen de excepción que suspendió garantías procesales y facilitó detenciones masivas. Lo temporal se convirtió en una forma permanente de gobierno; organizaciones internacionales han documentado arrestos sin pruebas individualizadas, incomunicación, tortura, falta de atención médica y muertes bajo custodia.

Bukele fue reelegido en 2024. En 2025, el Congreso dominado por su partido eliminó los límites a la reelección, amplió el periodo presidencial y suprimió la segunda vuelta. El camino quedó abierto para su permanencia indefinida en el poder.

Ortega y Bukele no son idénticos. Nicaragua es una dictadura familiar que eliminó casi toda competencia política. El Salvador conserva oposición, elecciones y respaldo social asociado a resultados en seguridad. Pero ambos procesos comparten una lógica: convertir la legitimidad electoral en autorización para destruir contrapesos, controlar tribunales y congresos, debilitar a la prensa y modificar las reglas que limitan al gobernante.

Aquí resulta indispensable distinguir democracia y constitución. La democracia responde quién debe gobernar: aquel que obtiene el respaldo ciudadano en elecciones libres, periódicas y competitivas. El constitucionalismo determina hasta dónde puede hacerlo, mediante qué procedimientos, durante cuánto tiempo y qué libertades no puede vulnerar.

La finalidad de la constitución no es impedir que el Estado actúe, sino hacer compatible el poder con la libertad. Una mayoría puede elegir a un presidente, pero no autorizarlo a torturar. Puede exigir seguridad, pero no declarar culpable a todo detenido sin juicio. Puede respaldar un programa político, pero no entregarle al gobernante los tribunales, la prensa y la posibilidad de perpetuarse.

Las constituciones no son obstáculos inventados por abogados. Son diques construidos a partir de una experiencia elemental: todo poder, incluso el que llegó con buenas intenciones y millones de votos, tiende a expandirse si nadie lo limita.

Los ciudadanos tampoco podemos renunciar a nuestra responsabilidad. La deliberación que da contenido a la democracia nos corresponde. El problema comienza cuando justificamos en nuestro gobernante lo que condenaríamos en el adversario; cuando toleramos abusos porque el responsable pertenece a nuestro partido; cuando reconocemos derechos para los nuestros, pero no para quienes llamamos traidores o enemigos; cuando confundimos eficacia con impunidad y popularidad con derecho a destruir la República. La alternativa es un Estado fuerte para hacer cumplir la Constitución pero suficientemente limitado para no colocarse por encima de ella.