El comentario de hoy, martes 5 de mayo 2026

Como algo inédito en la historia contemporánea, el gobierno de México vive uno de los desafíos más graves de que se tenga memoria. La petición de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Insunza, del presidente municipal de Culiacán, así como siete funcionarios más, por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pone contra la pared a la clase política.

Los cargos son graves: conspiración con grupos criminales para introducir drogas sintéticas a los Estados Unidos, así como el tráfico de armas, entre otras. La respuesta airada de la presidenta Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. Y ha vuelto a la carga con la narrativa de defensa de la soberanía. Insiste en que quien acusa debe aportar las pruebas necesarias.

Sin embargo, para los mexicanos, el tema de Rocha Moya –quien ya solicitó licencia temporal- no es nada nuevo. Ha estado en el ojo del huracán y de los señalamientos de complicidad con grupos criminales, desde hace tiempo. Pese al reconocimiento de él mismo, de haber llegado a la gubernatura después de dialogar con los cárteles, se le ha mantenido en el cargo.

Desde el arribo del presidente Donald Trump, la relación bilateral México-Estados Unidos, ha sido de tensión. El tráfico de drogas, sobre todo fentanilo y metanfetaminas, han sido prioridad. Más que la migración o el Tratado Comercial. El gobierno yanqui se ha expresado de manera peyorativa del nuestro, calificándolo de narco-Estado. A ello hay que agregar la pésima imagen que tenemos en el mundo y el fiasco de política exterior que seguimos arrastrando desde el régimen de López Obrador.

A raíz del hallazgo y destrucción de un gigantesco narco-laboratorio en la Sierra de Chihuahua, en donde se producirían millones de dosis de drogas sintéticas, hace un par de semanas, los dardos se volcaron contra la gobernadora de dicha entidad. Al retornar del operativo, murieron en un accidente automovilístico, un jefe policial y dos norteamericanos, agentes de la Agencia Central de Inteligencia -la CIA-. Se hizo un verdadero teatro mediático en contra de la ejecutiva estatal. Se pretendió acusarla de traición a la Patria y hasta ponerla en el banquillo de los acusados en el Senado.

De todo ello queda algo claro: aunque se insista en afirmar lo contrario en los entretelones del gobierno, las ligas ilícitas entre los cárteles y señalados actores políticos del partido en el poder prevalecen. Ahí está el trillado tema del huachicol fiscal, uno de cuyos artífices, el vicealmirante Fernando Farías Laguna, fue detenido en Argentina y seguramente pronto habrá de declarar. Lo más probable no en México. 

La presidenta recibió esa herencia maldita de su antecesor. Acceder a las exigencias de Washington implicaría ruptura y estar a merced de los duros de AMLO, enquistados en el Congreso y el Poder Judicial. Negarse, como está visto que hará, el daño que se ocasionaría al pueblo de México, no tendrá precedente. Al tiempo.(JPA)