El comentario de hoy, jueves 5 de noviembre:

La semana pasada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que, en el ámbito de la impartición de justicia, resulta preocupante. Aplazó un año más, es decir, hasta 2031 –algo que estaba previsto para 2030- la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dicho instrumento se aprobó desde 2017 y se ha venido arrastrando, con diversos argumentos.

Uno de los ejes de dicha reforma es la necesidad de abatir el rezago en temas de orden civil y familiar, que cubren más del 70% de los asuntos que ven jueces y magistrados. Sin embargo, el principal obstáculo para su pronta aplicación es la cuestión presupuestal, además, obviamente, del atraso que existe en los mismos juzgados que siguen aplicándose a la antigüita.

Según el presidente de la Comisión para la Implementación de la referida reforma en Oaxaca, magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, se requiere de una progresiva profesionalización. Algo difícil de alcanzar si tenemos juzgados que no cuentan con internet, es decir, están fuera de cobertura, además de que, empleados de los mismos tienen que sacar de su bolsa para fotocopias y otros insumos necesarios.

La dilación en la aplicación del nuevo Código Nacional Civil y Familiar impacta de manera brutal en las infancias, si partimos de la premisa de que muchos de los juicios que se ventilan en dicha materia, tienen que ver con violencia familiar, divorcios, herencias y otros. Dichos juicios pueden tardar años y contribuyen a la formación de familias disfuncionales. He ahí un factor importante para que niños y jóvenes, a edad temprana empiecen a delinquir.

A todo ello hay que agregar la apatía de los Congresos estatales en hacer lo conducente para otorgar a los órganos que imparten justicia, del presupuesto adecuado para llevar a cabo su tarea. La justicia pronta y expedita tiene como complemento indispensable juzgados con salas adecuadas para las audiencias de juicios orales, equipos de cómputo y demás elementos necesarios para que los juzgadores lleven a cabo su papel con eficiencia.

La postergación en la puesta en marcha del citado Código Nacional hasta 2031, refleja la apatía de los poderes ejecutivo y legislativo, en tener un sistema de impartición adecuado a los tiempos en que vivimos y que el país y Oaxaca requieren. Ello no obsta para que, en el ínterin cada entidad vaya avanzando en la preparación y capacitación, de manera que, cuando se tenga que poner en marcha, a los juzgadores no los tomen por sorpresa las nuevas fórmulas. Oaxaca –se sabe- va por ese camino. (JPA)