Reconocen desde el Congreso del Estado la importancia de cumplir con los tiempos oficiales del ciclo escolar

• La conclusión del ciclo escolar 2025–2026 se mantiene para el próximo 15 de julio

San Raymundo Jalpan, Oax., a 12 de mayo de 2026.- En Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la diputada María Francisca Antonio Santiago, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció la reciente determinación dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas estatales respecto a mantener vigente el calendario escolar 2025–2026.

En este sentido, dijo que se trata de una decisión responsable y acertada, ya que el acuerdo de conservar como fecha de conclusión del ciclo escolar el próximo 15 de julio, conforme a lo establecido en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación, brinda certeza a la comunidad educativa y reconoce la planeación previamente construida por maestras, maestros, madres y padres de familia, así como personal escolar.

Además, la legisladora destacó que cualquier ajuste al calendario escolar debe atender no solo factores administrativos, sino también escuchar a quienes forman parte directa del proceso educativo. La organización del cierre del ciclo implica una ruta pedagógica, administrativa y social ya definida; por lo tanto, modificarla de manera anticipada podría generar afectaciones dentro de la propia comunidad escolar.

“La ratificación del calendario refleja un acuerdo alcanzado mediante el consenso entre la SEP y las autoridades estatales, considerando las particularidades regionales y locales, así como el interés superior de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación integral y ordenada”, indicó Antonio Santiago.

La diputada local señaló que, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, las autoridades educativas pueden realizar ajustes al calendario escolar siempre que se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio. Por ello, ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, cualquier modificación debe construirse en coordinación con las autoridades locales, priorizando siempre el derecho a la educación.

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