Opinión Portada 

El comentario de hoy, jueves 19 de noviembre:

Uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal para que la ciudadanía registrara sus números de celular y éstos figuraran en una plataforma, fue acotar el delito de extorsión, puesto en boga por los grupos criminales y sus satélites, las bandas locales. Muchas de las llamadas provenían –o provienen todavía- de centros penitenciarios.

Hace menos de un mes, el Senado de la República aprobó sancionar a empresas que, sin autorización del destinatario, acosaran a éste con ofertas publicitarias y ofrecimientos. Todo implica que dicho mandato es letra muerta. El ciudadano como Usted o como yo sigue recibiendo en teléfonos móviles o fijos, una cantidad impresionante de llamadas para ofrecer tarjetas de crédito u otros productos, incluyendo encuestas sobre posicionamiento político, teniendo las elecciones 2027 en puerta.

La pregunta es: ¿y quién sanciona a aquellos que de esta forma están violentando la ley? Porque si Usted no responde y, por curiosidad devuelve la llamada, no hay respuesta. Teléfono apagado o fuera de servicio. Las llamadas llegan de diversas partes del país con el mismo objetivo y con chips que, vaya Usted a saber dónde adquieren y bajo qué criterios.

Instituciones, presuntamente bancarias, con certeza reguladas por la Secretaría de Hacienda, intentan venderle sus productos. Para ello, tratan a toda costa e incluso con engaños, sorprender a incautos, para después tenerlos sometidos con cargos e intereses leoninos, casi como la red delictiva llamada “gota a gota”. Me comentan que recibir el plástico, es ya una sentencia de cooptación.

Otras fuentes revelan que, con la llegada de los aguinaldos, aquellos que obtuvieron préstamos mínimos, pero con cargo a sus salarios o pensiones, ven sus ingresos disminuidos por la voracidad con la que dichas empresas usurarias o bancos “patito” asaltan dicha prestación. Lo grave es que las mismas actúan con total impunidad y con el conocimiento de las autoridades.

A pesar de la gravedad tanto de aquellas empresas o razones sociales que incumplen con el acoso telefónico, como de las que prestan a interés –que muchas veces son las mismas- la ciudadanía está en total indefensión. Porque al igual que muchos de los empleados que comercializan seguros de vida o automotrices, tienen la consigna de explotar a placer a los clientes. Nada que vulnere la economía de la empresa.

Si a todo ello se agrega la clonación de tarjetas, los fraudes bancarios, los cobros indebidos y una retahíla de anomalías que pegan de lleno a los precarios recursos de millones de mexicanos, vamos mal. Al final de todo, los afectados siempre serán los más pobres y más vulnerables, mientras las autoridades se cruzan de brazos, eso sí, poniendo más trampas, como el uso digital y no el efectivo. (JPA)

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