La oculta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Cuando GABINO CUÉ asumió la gubernatura, el primero de diciembre de 2010, una de sus primeras acciones fue enviar al Congreso del Estado, una propuesta de reforma de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que contenía entre otras disposiciones, que para formar parte del gabinete legal, el o la funcionaria deberían acreditar estudios mínimos de licenciatura y cédula profesional. Varios (as) patinaron con este requisito. Uno de ellos, el panista originario de Tuxtepec, ALFREDO AHUJA PÉREZ, al pretender publicitar su título y descubrirse que era falso, de plano renunció a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (StyDE), a donde había sido invitado por el entonces “ícono de la democracia”, GABINO CUÉ.

Otro de los afectados fue aquel que fungiera como Secretario de Asuntos Indígenas, ADELFO REGINO MONTES. Si bien mostró su grado de estudios en la UABJO, se excusó de no haber presentado su examen profesional y, por tanto, carecer de título, dada su condición indígena. Alguien le respondió que cerca de 200 años atrás, don Benito Juárez no puso dicho pretexto para recibirse como abogado en el entonces Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Lo que pocos sabían era que el ex gobernador había encargado el entramado jurídico de esta Ley, así como de sus futuras propuestas de reformas constitucionales, a un conocido investigador de la UNAM: JORGE ISLAS.

Sin embargo, pese a sus inconsistencias e inadecuaciones a nuestra realidad política, la Ley ISLAS tuvo su efecto positivo. La idea de que el Congreso ratificara a todos los secretarios y validara la tercia para elegir al entonces procurador de Justicia, no se vio con malos ojos. No obstante, ya en su improductivo ocaso, la LXII Legislatura del Estado, luego de caracterizarse como la más improductiva, onerosa y fatal de la historia, echó para abajo la citada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, eliminando de entrada, la potestad de los diputados y diputadas, de consensuar las propuestas del ejecutivo en torno a los secretarios y dejando vigente sólo la del Fiscal General.

Hoy, el jefe del ejecutivo estatal, ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, no tiene restricción alguna para designar a quien mejor le parezca como titular de algunas de las secretarías del gabinete. Salvo el cargo de Fiscal General, ninguno pasará por el Congreso. Pero, ¿cuáles son los requisitos legales para poder desempeñar determinado cargo o las restricciones para el mismo? Es un misterio. Existe una total opacidad para conocer en qué condiciones quedó finalmente la Ley ISLAS. (JPA)