Niegan enfrentamiento entre Zimatlán y Nopalera 

Armando GUTIÉRREZ 

Carmen García  Bautista, agente municipal de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, negó las versiones sobre un enfrentamiento con pobladores de San Sebastián Nopalera, por lo que se pronunció porque el gobierno federal, en especial la Sedatu, resuelva el conflicto de tenencia  de la tierra y se dé cumplimiento a los acuerdos que se comprometió ante la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos.

En documento suscrito conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC, la autoridad señaló que el día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, hombres, mujeres y niños de la comunidad  de Zimatlán  de Lázaro Cárdenas  se  encontraban recolectando café en el  paraje denominado “Puma Rosa”, el cual se  encuentra aproximadamente a 20 minutos de distancia  del centro de la comunidad, cuando se  empezaron a escuchar detonaciones de arma de fuego, por lo cual los vecinos optaron por retirarse  del lugar.

García Bautista en este sentido pone como referencia que  existe la medida cautelar MC-102-10 otorgada por la Comisión  Interamericana  de Derechos Humanos  donde  solicita  al Estado Mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas.

Asimismo argumenta que se tomen las medidas para remover factores de riesgo ligados con la delimitación de las tierras entre Zimatlán y Nopalera y evitar enfrentamientos. Así también se pronuncia por los desaparecidos Marcelino Pedro Hernández Jiménez y Eleazar Asunción Sánchez Hernández.

Esta medida, expone la autoridad municipal, hasta el momento no es cumplida por el gobierno mexicano e inclusive en reunión de trabajo de fecha 29 de octubre de 2014, ante la CIDH el gobierno se comprometió a resolver el problema  de la tenencia  de la tierra.

Señaló que en diversos  escritos  se ha solicitado a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que convoque  a una reunión de implementación de medidas  cautelares para que se cumplan los acuerdos que se ha comprometido el Estado Mexicano y ésta se ha negado a convocar.