Inteligencia social para la prevención de la violencia

Por Samael HERNÁNDEZ RUÍZ

La violencia crece y se extiende de manera desenfrenada en todo el país y sobre todo en Oaxaca; no parece haber una salida. Quizás la solución podría encontrarse en una nueva forma de vinculación entre población y gobierno; pero para ello, el gobierno tiene que recuperar la confianza de la población.

México atraviesa momentos importantes para su futuro inmediato. La situación internacional se caracteriza por una volatilidad económica, un lento crecimiento en varias regiones importantes, la guerra de los precios del petróleo y la definición de un nuevo equilibrio entre las potencias del mundo. Todos estos factores afectan a México y exigen respuestas creativas y acciones inmediatas para no poner en riesgo el potencial de las reformas estructurales del gobierno de la república; pero sobre todo, para que no siga afectando a las personas y particularmente a los niños.

A diario nos enteramos de asesinatos, violencia contra las mujeres, accidentes producto de la negligencia, robos, secuestros, todo configurando un ambiente de violencia que se refuerza en algunos hogares con videojuegos que la hacen parecer divertida a los niños y a los adolescentes.

Aunado a lo anterior, observamos una desconfianza a las instituciones, por parte de varios sectores de la población, sobre todo de la clase media. Dicha desconfianza alcanza al propio gobierno en todos sus niveles. La crisis de confianza se explica en parte por la existencia de grupos sociales que provenientes de la clase media, se han empobrecido y no ven en el horizonte una salida a su situación, agravada por instituciones de asistencia social desgastadas e ineficientes.

La inseguridad y la violencia que perpetra el crimen organizado contra la población, hace más sombrío el panorama, sobre todo si se considera lo que se percibe como impunidad, y hasta complicidad de las autoridades y la clase política con la delincuencia. Se duda entonces de la existencia de un Estado de Derecho, duda que crea un ambiente permisivo que alienta la ilegalidad, el respeto al más fuerte y trastoca los valores principales que hacen posible la convivencia social.

La situación que actualmente vivimos alienta a algunos para intentar debilitar más a las instituciones y propiciar condiciones de protesta o incluso insurreccional. Mientras el crimen organizado se ha cebado con la institución más débil del Estado de Derecho: el municipio.

Una eventual crisis generalizada del gobierno municipal, en cualquier región del país, propiciada por acciones insurreccionales, criminales o por el propio Estado, conduciría inevitablemente a una crisis profunda del Estado de Derecho y a la puesta en riesgo del futuro de México.

La necesidad de construir soluciones creativas en un contexto de poca credibilidad en las instituciones, me llevan a reflexionar sobre lo siguiente:

Habrá que aclarar primero, que cualquier propuesta responsable de solución, debe partir, o al menos considerar lo siguiente:

• La solución debe construirse con los afectados y con el total respaldo del Estado.
• La institución más débil es el espacio político, social y geográfico en el que debe construirse la solución.
• Los municipios de México, su población y su gobierno, no tienen la capacidad para enfrentar, ni al crimen organizado, ni a los grupos insurreccionales; pero tienen un enorme potencial para prevenir la violencia y fortalecer a las instituciones democráticas.
• El poder de la acción local municipal, reside en su capacidad para generar capital social positivo, inteligencia social contra la delincuencia y su potencial preventivo a partir del conocimiento del terreno y de la población.
• La primera acción del Estado en México, debe basarse en la dialéctica de limpiar de criminales a los municipios y fortalecer su capacidad de gobernanza para construir una instancia de poder autónoma.

La formación de grupos de observadores y activistas municipales, podría ser la semilla de un capital social positivo que podría articularse en una base para las acciones preventivas, municipales, estatales o nacionales.

Retomando la definición del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, entendemos como capital social positivo, “… el proceso por el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y las de sus colectivos, y hace posible la convivencia pacífica y la participación comunitaria; además permite adquirir un sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y la seguridad de sus comunidades.”

La acción de los grupos ciudadanos, buscaría reducir el valor relativo de los principales indicadores asociados con la violencia como expresión de cualquiera de los factores de riesgo antes mencionados. Dichos indicadores son:

• – Embarazo temprano.
• – Consumo y abuso de drogas legales e ilegales.
• – Ambientes familiares deteriorados o problemáticos.
• – Deserción escolar
• – Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación.
• – Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente.
• – Entorno de ilegalidad.
• – Espacios públicos para la convivencia, insuficientes y deteriorados.
• – Marginación y exclusión social.

Los grupos ciudadanos, tendrían como función principal promover la formación de organizaciones civiles para la atención de la problemática definida por los indicadores asociados a la violencia en México y sentar las bases de un sistema de inteligencia social de prevención de la violencia.

Todo lo anterior podría aplicarse con menos recursos de lo mucho que se malgasta en las campañas preventivas que hoy han dejado de operar, o en la propaganda de los políticos y las fastuosidades de los funcionarios públicos.