El comentario de hoy, martes 29 de noviembre 2022

Por lo visto, las cárceles municipales de Oaxaca se han convertido en un matadero; en una especie de cadalso. De la noche del 19 de agosto pasado, cuando la joven Abigail Hay Urrutia, fue hallada sin vida en una celda de los separos policiales municipales de Salina Cruz, hasta los últimos días, se han sumado cinco casos más. A poco del tema de la joven, se sumó el caso de un migrante que fue encontrado muerto en una celda en Santa María Huatulco.

A mediados de septiembre, una persona del sexo masculino, de 29 años de edad, que fue detenido por la policía municipal de Santa Catarina Juquila, presuntamente por escandalizar en un baile popular, fue encontrado sin vida, en tanto que, el 12 de octubre, otro sujeto de 30 años de edad, quien habría sido sorprendido robando en un vivero, corrió igual suerte en Tlalixtac de Cabrera. La víctima fue detenida por vecinos, en flagrancia.

El asunto no termina ahí. El pasado 20 de noviembre fue ingresado a la cárcel municipal de Juchitán de Zaragoza, un migrante originario de Senegal, quien fuera detenido por elementos policiales locales, luego de faltas administrativas. Poco después fue encontrado sin vida. El pasado 22 de este mes, reportes policíacos informaron de la existencia del cadáver de una persona del sexo masculino, en los separos municipales de San Andrés Chicahuaxtla, distrito de Putla Villa de Guerrero.

Resulta atípico que, del 19 de agosto al 22 de noviembre, se haya repetido el mismo patrón de personas fallecidas al interior de una celda municipal. Del caso de la joven Hay Urrutia se sabe que hay detenidos y bajo proceso. Del resto se desconoce. Se presume que la impunidad campea. Sería un absurdo afirmar que se trata de homicidios o producto del uso excesivo de la fuerza, como fue el caso referido. Eso lo develarán las autoridades competentes.

Oaxaca tiene todo un historial de tortura o golpes a personas que son detenidas y que luego aparecieron con el cinturón al cuello, simulando suicidio. Es evidente que las luces amarillas deben estar prendidas en los gobiernos locales y sus mandos policiales. No hace falta ser un experto para notar que aquello que hace falta es capacitar a jenízaros y jefes; darles los elementos necesarios para poder aplicar protocolos en las detenciones.

Esta situación debe tenerla muy clara la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y los organismos civiles que protegen o salvaguardan las garantías individuales. Cada informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo politizado y perdido en su misión, da a conocer el reporte de los penales estatales y las condiciones en que operan. Pero jamás sus visitadores se han dado una vuelta para constatar la situación de los separos municipales. Cuartos estrechos, húmedos, malolientes y sin las mínimas condiciones de higiene, indignos y hoy se sabe, hasta mortales para quienes tienen la mala suerte de caer en los mismos. (JPA)