El comentario de hoy, martes 24 de marzo:

Al principio del gobierno de la Primavera Oaxaqueña se dio un anuncio importante: la reducción del amplísimo directorio de organizaciones y membretes, que recibían apoyo gubernamental. Algunas de ellas como el MULT o el FPR, entre otras, se tasaban en millones de pesos anuales. Los mecanismos para obtener tan jugosas prebendas eran los mismos: el chantaje y la presión. Y siguen tal cual.

En lo personal y conociendo el modus operandi de dichas organizaciones, aplaudimos dicha iniciativa gubernamental. La mayoría de dichos grupos responden a intereses muy particulares: las de sus titiriteros y dirigentes. No tienen ninguna representación oficial para asumirse abanderados de demandas o portavoces de las necesidades de municipios o comunidades. Es más, lucran con ellas, manejando la obra pública y quedándose con las ganancias.

En su momento advertimos que no se quedarían callados. Y los hemos visto en los últimos días, cerrando carreteras; arremetiendo con bloqueos y causando daños a vehículos particulares y públicos de transporte. Vimos a sus dirigentes rasgarse las vestiduras y asumirse víctimas después del operativo policial del pasado 17 de marzo. Y a muchos de sus miembros con palos en la mano, huyendo como conejos asustados, por los gases que aventó la Policía.

Aunque todo apunta a que, en este régimen, cuya mayoría de funcionarios provienen de la llamada lucha social y habría una especie de complicidad con esos falsos redentores sociales, resultó todo lo contrario. Bien dice el dicho común, que “no es lo mismo ser borracho que cantinero”. La Secretaría General, que tanto hemos criticado, simplemente dispuso el desalojo -o repliegue como quiera llamarlo-. Y muchos aplaudimos dicha acción.

Y es que, en todo régimen democrático, el Estado, responsable de preservar la paz social, la gobernabilidad y el respeto a los derechos civiles, una vez agotado el diálogo, no queda más que el uso simple y llano de la fuerza. Tenía tiempo que no veíamos una acción similar. Un antídoto al cierre constante de carreteras, cruceros, toma de casetas, aeropuertos y terminales de autobuses.

Las causas que sean. Justas o no, la ciudadanía no tiene por qué pagar los platos rotos de demandas que desconoce ni tiene por qué resolver. Sin embargo, para terminar con las críticas y descalificaciones, en efecto, hay que ponderar el diálogo. Nadie, absolutamente nadie, en un país fustigado por la violencia, le apuesta al uso de ésta como método de gobierno.

Pero hay que aplicar la misma dosis con normalistas o maestros; con sindicatos afines o grupos pintados de guinda. Que la justicia sea pareja. Que la ley se aplique por igual; que no haya justicia y gracia y la ley a secas, frase que se le acuñó al Coloso de Guelatao. (JPA)