El comentario de hoy, jueves 27 de marzo 2025

Oaxaca, eso no es una novedad, es un vertedero de conflictos políticos y sociales. Temas agrarios que llevan medio siglo o más sin resolverse; viejas rencillas entre comunidades que son dirimidas velando armas. Hay, asimismo, jalones, tirones y crímenes por la disputa de territorio entre organizaciones sociales. La mendicidad de cientos de dirigentes de membretes que exigen al gobierno techos financieros o la perpetua disputa entre cabeceras municipales y agencias por el reparto presupuestal.

Sería muy largo enumerar los factores de conflicto. Sin embargo, hay uno que resulta el eje de la protesta social: la falta de respuesta gubernamental a la problemática de municipios y comunidades o, en su defecto, las promesas incumplidas. Obras malhechas o inconclusas, operadas a veces sin conocimiento de la ciudadanía y el gobierno municipal, es un serio factor de inconformidad. Lo mismo que el edil no reparta, como lo mandata la ley, los recursos a las agencias municipales y de policía.

Si bien se trata de un buen propósito, el titular de la Secretaría de Gobierno ha instrumentado mecanismos que no han sido del todo exitosos, sino más bien, un fiasco. A pocos días de iniciar el régimen de la Primavera Oaxaqueña se echó andar la propuesta de paz para la zona triqui. Lejos de atenuarse la violencia, el año 2023 fue de vendettas y asesinatos entre los grupos que mantienen ahí la supremacía. Sólo la visita de la presidenta de México pudo atenuar un poco el baño de sangre.

Para acotar la constante movilización y los abominables bloqueos, la SEGO puso en marcha el programa: “Hablamos no bloqueamos”, que fue como una especie de llamadas a misa. Ese método tan odiado por la ciudadanía, ha seguido como si nada. Casetas de cobro, carreteras, calles, cruceros, Ciudad Administrativa, Judicial, Palacio de Gobierno, etc., siguen como rehenes permanentes de grupos, manejados con un evidente interés político y económico.

Hace días se presentó una especie de decálogo para la solución de conflictos sociales. Como si fuera un catálogo o guía moral y de buenas costumbres, se da a conocer a municipios y comunidades el ABC respecto a los pasos que hay que seguir para evitar que dichos conflictos revienten. Se deben privilegiar el diálogo, el respeto y los acuerdos. En todo, mantener la cordura, la sensatez y la paz.

Sin ánimo de descalificar dicho proyecto –que el fin de semana mostró su inoperancia en los Coatlanes- todo apunta a dejar en manos de ediles y autoridades auxiliares la responsabilidad de manejar los conflictos. Había que preguntarse entonces, ¿cuál es el papel de los llamados “delegados de paz” que, por lo que hemos visto, han resultado inútiles instrumentos del gobierno estatal, que nada resuelven, más que tomar partido, ver todo desde la perspectiva de su jefe o del partido al que sirven? (JPA)