¿Comisión de la Verdad o Tribunal de Alzada?

El pasado domingo, la llamada “Comisión de la Verdad”, que integran el presbítero ALEJANDRO SOLALINDE, el periodista DIEGO OSORNO y la activista de derechos humanos, MARINA JIMÉNEZ, envió un comunicado en el que informa que citará a ex funcionarios federales, estatales y municipales, “que participaron por acción u omisión” en el conflicto oaxaqueño de 2006-2007, empezando por el ex gobernador ULISES RUIZ y 38 ex colaboradores más. También incluye al ex presidente VICENTE FOX y 16 funcionarios federales que desempeñaban diversos cargos en su administración, sin soslayar al gobierno de la capital oaxaqueña que entonces presidía, JESÚS ÁNGEL DÍAZ ORTEGA. Además, impone plazo para la comparecencia: “del 25 de noviembre al 15 de diciembre”.

Según los distinguidos miembros del membrete denominado “Comisión de la Verdad”, el fundamento jurídico para exigir a los ex servidores públicos acudan a las citas, se sustenta en el Decreto de la LXI Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial, del 19 de octubre de 2013. La pregunta es: ¿qué facultades tiene un órgano de esa naturaleza para disponer comparecencias y declaraciones, respecto a un tema que fue analizado y hasta juzgado por el máximo tribunal en el país: la Suprema Corte de Justicia en la Nación (SCJN)? Sin ánimo de defender a los presuntos “indiciados”, hay que recordarle a SOLALINDE, OSORNO y JIMÉNEZ, que en 2007-2008 la SCJN realizó una investigación sobre los hechos de que se trata.

La resolución se dio a conocer el 14 de octubre de 2008, en la que con siete votos a favor y cuatro en contra, la SCJN responsabilizó al ex gobernador ULISES RUIZ de violaciones a los derechos humanos, cometidas por policías estatales en el conflicto de mayo de 2006 hasta junio de 2007, aunque la mayoría de ministros rechazó llamar al ex presidente VICENTE FOX, al entonces Secretario de Gobernación, CARLOS ABASCAL y a EDUARDO MEDINA MORA, Secretario de Seguridad Pública del sexenio de FOX, por haber permitido una situación de ingobernabilidad en la entidad. Éste último Ministro de la SCJN.

Cuando el pueblo de Oaxaca quiere darle vuelta a la hoja, ver hacia adelante y trabajar en pos de la unidad y la reconciliación, hay aún membretes como la citada Comisión, que fue una gratuita concesión a la Sección 22 y sus dirigentes RUBÉN NÚÑEZ y FRANCISCO VILLALOBOS, para seguir arando sobre el trillado surco de presuntos responsables del conflicto 2006-2007. Dicho movimiento no fue ni la “primera insurrección del siglo XXI”, como escribió OSORNO ni, mucho menos, la expresión más acabada de la inconformidad social. La Sección 22 y la APPO fracasaron: el movimiento nunca permeó a nivel nacional y ULISES RUIZ se mantuvo en el cargo hasta el último día. Fue simple: un ajuste de cuentas entre la clase política priista, con sus sicarios y mercenarios pagados. Si alguien lo duda que le pregunte a FLAVIO SOSA. (JPA)