El comentario de hoy… noviembre 24, 2015

El martes 17 de noviembre, Santo Domingo Tehuantepec vivió un infierno de disturbios. Un accidente de tránsito, que desafortunadamente dejó posteriormente una víctima mortal, en el que participó una patrulla de la Policía Municipal, desató la furia de vecinos y vándalos. Retención y golpes a funcionarios estatales, al menos seis patrullas quemadas, motos oficiales inservibles y destrozos en la comandancia de la Policía y los infalibles bloqueos carreteros.

Se trató de un accidente si se quiere imprudencial, pero no más a los que ocurren a diario. ¿Por qué se desataron acciones fuera de la ley y en abierto desafío al Estado? Una tesis es que existen organizaciones sociales vinculadas con grupos delictivos. El delgado hilo que las une es casi imperceptible. Cualquier acto por más simple que sea, es magnificado para responsabilizar al gobierno, sea éste federal, estatal o municipal. Aunque sólo lo admitió el edil de Tehuantepec, las operaciones criminales en el Istmo han alentado la inseguridad.

No son hechos fortuitos las marchas ciudadanas que se han llevado a cabo en Juchitán de Zaragoza o la petición de los sectores productivos al gobierno federal, para que la Gendarmería otorgue seguridad en esa tierra de nadie. Si las organizaciones sociales –como comentamos la semana pasada- se han convertido en obstáculos, frenos y zancadillas para las inversiones, es cuestión de imaginarse el riesgo que representan las operaciones criminales. Extorsiones, derecho de piso y amenazas. Es decir, una de nuestras zonas más ricas y estratégicas, materialmente bajo el dominio de dos fantasmas en extremo peligrosos.

Es evidente que no estamos a salvo de lo que ocurre en el país en materia de inseguridad, lo grave es que al mito de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país, se le siga dando validez. Tal vez con ello se entienda el índice criminal de la zona istmeña, que no tiene comparación en todo el estado. Además del crecimiento en el secuestro, la extorsión y el robo. Pero hay un factor que contribuye a este lamentable estado de inseguridad: la proliferación indiscriminada de taxis y moto-taxis, de cuyo mal se han salvado algunos municipios como Salina Cruz. Pero no así Tehuantepec y Juchitán.

Lo que provoca indignación es que a sabiendas de que el transporte público concesionado ha devenido un serio asunto de seguridad estatal, se sigan otorgando a diario más concesiones, con todo lo que ello implica: violencia, inseguridad y muerte. Ahí están a diario los bloqueos, los enfrentamientos por las rutas, la competencia desleal, etc. No son sólo los maestros el obstáculo mayor para la gobernabilidad. El transporte ha demostrado que es un ente en extremo peligroso.