Advierte magistrada Erika Rodríguez retos para la justicia en Oaxaca ante aplazamiento del CNPCyF

• La Titular del Poder Judicial del Estado consideró que la transición a la oralidad requiere presupuesto, infraestructura y personal

Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de octubre de 2026.- El aplazamiento hasta abril de 2030 de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representa para Oaxaca un desafío que va más allá de ampliar los plazos, pues el Poder Judicial deberá gestionar los recursos necesarios para transitar del sistema escrito al oral, fortalecer su infraestructura y plantilla de personal, al tiempo que atiende el rezago judicial que constituye uno de los principales reclamos de la sociedad.

La propuesta aprobada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para posponer hasta el 1 de abril de 2030 la aplicación obligatoria del CNPCyF, prevista inicialmente para abril de 2027, abre un nuevo escenario para los poderes judiciales del país, particularmente para Oaxaca, donde la transición al sistema oral exige recursos y condiciones que aún deben fortalecerse.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Erika María Rodríguez Rodríguez, advirtió que, si bien la ampliación del plazo podría representar una oportunidad para preparar la transición, también implica un desafío de mayores dimensiones para Oaxaca, debido a las necesidades estructurales, tecnológicas y humanas que enfrenta la institución.

Asimismo, señaló que aunque pareciera que este aplazamiento permitirá a los Poderes Judiciales de las entidades federativas un mayor tiempo para gestionar y aplicar las acciones tendientes a la implementación, en realidad el desafío es de proporciones mayores en el caso de Oaxaca: no solo estructurales y de tecnología, sino incluso humanos a través de la contratación de más personal jurisdiccional.

Explicó que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) ha encabezado los trabajos de análisis, elaboración de propuestas legislativas y gestión presupuestal ante el Congreso de la Unión, con el propósito de que los poderes judiciales cuenten con la infraestructura, capacitación y recursos necesarios para implementar el nuevo modelo de justicia.

En este contexto, destacó que las decisiones legislativas y presupuestales deben considerar las condiciones particulares de Oaxaca, donde será necesario gestionar recursos para habilitar salas de audiencia oral, mejorar la conectividad y fortalecer la plantilla de personal jurisdiccional.

La magistrada presidenta subrayó que, más allá de los plazos establecidos para la entrada en vigor del Código, una de las prioridades es responder a las demandas ciudadanas por una justicia más pronta, por lo que trabajará de manera coordinada con la Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial del Estado, presidida por el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, en la búsqueda de alternativas que permitan reducir las cargas de trabajo y abatir el rezago judicial.

Rodríguez Rodríguez también señaló que la próxima elección judicial representa otro reto para la continuidad operativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que consideró necesario evitar que la renovación total de las personas juzgadoras de primera y segunda instancia genere incertidumbre en la atención de los asuntos civiles y familiares.