Oaxaca: Riesgo para el periodismo

El jueves pasado fue asesinado el corresponsal del diario “Noticias”, MARCO HERNÁNDEZ BAUTISTA, quien también se desempeñaba como Regidor de Cultura del ayuntamiento de Santiago Jamiltepec. Recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, calibre 9 mm, cuando conducía su automóvil VW Jetta sobre la carretera 200, en el municipio de San Andrés Huaxpaltepec. Con lo anterior se añade un homicidio más a la decena que se ha dado en lo que va del gobierno de GABINO CUÉ, convirtiendo a Oaxaca en una de las entidades de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, exactamente después de Veracruz.

Se trata del primer crimen en lo que va de 2016, pero uno más de los que se han cometido en los últimos años. Sólo en los últimos meses han perdido la vida al menos tres comunicadores, entre ellos, FILADELFO SÁNCHEZ SARMIENTO, locutor de una estación de radio en Miahuatlán de Porfirio Díaz, cuyo crimen sigue en la impunidad. En este directorio hay que anotar a CRISTIAN ALBERTO LÓPEZ BELLO, reportero de la Sección Policiaca del diario EL IMPARCIAL, quien sucumbió hace un par de años, a golpes y a manos de delincuentes que fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado, no precisamente por el asesinato del comunicador, sino por otros homicidios.

Sin embargo, los periodistas no sólo han estado en la mira de la delincuencia organizada sino asimismo, de otros poderes fácticos como han sido los maestros de la Sección 22, los sindicatos de transportistas o grupos de choque, como ciertas organizaciones, tal es el caso del Frente Popular Revolucionario (FPR). Causa sorpresa que sea Oaxaca una de las entidades del país en donde pululan grupos civiles que dicen defender los derechos humanos, que no hayan reparado en la constante amenaza a la libertad de expresión y la existencia de un defensor de los derechos de los periodistas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), RASHID GONZÁLEZ, cuya designación, desde que fue establecida dicha área, fue considerada una farsa. De todo ello ha guardado silencio el ombudsman, ARTURO PEIMBERT CALVO, que a lo largo de su gestión, sólo ha recurrido a las famosas medidas cautelares, cuando se han denunciado violaciones a las garantías individuales.

La tarea pues para la Fiscalía General, que encabeza HÉCTOR JOAQUÍN CARRILLO RUIZ, no será fácil, habida cuenta de los muchos pendientes que hay en este rubro, pues el directorio de periodistas asesinados, al igual que los feminicidios, dejan muy mal parado ante la opinión pública nacional al gobierno de GABINO CUÉ. La indignación y la exigencia de que este crimen sea investigado, permea en todo el gremio periodístico oaxaqueño, pero sobre todo, la preocupación de que la libre expresión esté hoy bajo una mortal amenaza. (JPA)