Oaxaca 2015: Elecciones bajo fuego (III y última)*  Isidoro YESCAS

Isidoro YESCAS

Al término de esta inédita y no menos violenta  jornada electoral, el PREP reportó triunfos del PRI en siete distritos y por parte del PRD en cuatro más  para sumar un total de once, mismos que luego serían confirmados en los cómputos distritales.

A los candidatos y candidatas del PRI se le adjudicaron triunfos en los distritos de Tuxtepec, Teotitlán, Huajuapan de León,Tlacolula, Juchitán y Miahuatlán y Pinotepa Nacional en tanto que al PRD, que fue en alianza con el PT, los distritos de Tehuantepec, Tlaxiaco,Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino.

Con estos resultados el PRI pudo mantenerse como primera fuerza electoral en la entidad, aun cuando lo hizo con una votación mucho menor que la obtenida en la última elección federal intermedia realizada en el 2009.

Con cuatro triunfos, que incluyó el distrito 8 con sede en la ciudad capital, el PRD acumuló a su favor un total de 208, 826, una cifra superior a la que había obtenido en el 2009, cuando apenas había sumado 164,401 votos. Con esta votación se pudo colocar como segundo fuerza electoral y  primera entre los partidos de izquierda.

Aun cuando no ganó ningún distrito electoral, MORENA se colocó como tercera fuerza electoral al obtener 137 mil, 227 votos y con ese resultado pudo, además, obtener una diputación plurinominal.

El PAN se llevó la peor  parte pues además de perder en todos los distritos su votación fue desplazada a una cuarta posición con 100,183 votos. Comparado con los resultados obtenidos en el 2009, cuando sumó 164,401 su votación cayó esta vez  en un 68 por ciento.

En relación a los niveles de participación ciudadana el INE solamente divulgó en forma preliminar  que éste había alcanzado el 40 por ciento, similar al acumulado en las elecciones federales intermedias del 2009. Sin embargo, el porcentaje pudo ser menor al 40 por ciento.

Respecto a las impugnaciones,  de los cuatro ganados por la coalición PRD-PT, el PRI concentró su mayor atención al distrito 08 con cabecera en la ciudad capital,  porque la diferencia entre su candidata Beatriz Rodríguez Casasnovas y Francisco Martínez Neri, del PRD-PT, fue de 665 votos  y con esa diferencia, que no se modificó sustancialmente con el  recuento de votos,  el PRI pretendía ganar en el TEPJF la elección, cosa que no sucedió.

Sin embargo, los casos que más llamaron la atención fueron las impugnaciones presentadas por el PRD, PAN y MORENA, entre otros,  en los distritos de Teotitlán de Flores Magón y Juchitán, en donde, además de concentrar el mayor número de incidentes, el porcentaje de casillas no instaladas superó el 20 por ciento y, pese a ello, en ambos casos el TEPJF confirmó los dudosos triunfos de los candidatos del PRI.

Para  la máxima  autoridad jurisdiccional lo fundamental en estos dos  casos fue “proteger el derecho de los ciudadanos que votaron”…con el propósito de asegurar la vigencia de los principios y valores democráticos los cuales  exigen la preservación de los votos válidamente emitidos por los ciudadanos, en tanto reconoce la importancia de este derecho en el sistema democrático, frente a las intenciones de un pequeño grupo que trató de desestabilizar el proceso electoral” ( Resolución Sala Superior del TEPJF, exp. Teotitlán, sup.rec-47, 2015: pp.69-70).

Conclusiones:

Por vez primera en su historia reciente, las elecciones federales intermedias en Oaxaca se caracterizaron por su alto grado de incertidumbre, desorganización y violencia, propiciada sobre todo por el amago y movilización de los trabajadores de la educación agrupados en la sección 22 del SNTE, pero también por la inexperiencia y falta de previsión de las autoridades electorales del INE a nivel nacional y local para enfrentar una elección en un escenario de crisis y crispación política.

La narrativa de lo acontecido en Oaxaca reveló  la fragilidad de una institución electoral que  teniendo a la mano los instrumentos legales y la autoridad para  actuar en tiempo y forma para reubicar casillas localizadas en escuelas públicas, y garantizar la distribución oportuna del material y documentación electoral a todas las mesas directivas de casilla, prefirió someterse a los tiempos políticos marcados por el gobierno federal en sus fallidas negociaciones con las dirigencias de la sección 22 del SNTE y de la CNTE.

Si el acuerdo del boicot electoral lo tomó la asamblea estatal del magisterio desde el mes de marzo, mucho antes de que se iniciaran las campañas electorales, los consejeros electorales del Consejo General del INE estaban obligados a diseñar y aplicar  un plan B, conjuntamente con el Consejo local y los consejos distritales en Oaxaca. Pero por el desarrollo mismo de los acontecimientos, la excesiva centralización de funciones y determinaciones  por parte del Consejo General y los problemas de  comunicación  que se evidenciaron  entre el consejero presidente del Consejo local del INE, Roberto Heycher, y la mayoría de los consejeros locales y distritales, todo parece indicar que los acuerdos y decisiones más importantes del proceso, pero fundamentalmente sobre el desarrollo de la jornada electoral, solamente lo conocieron y procesaron los altos mandos  del INE.

Pero tampoco los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del INE, ni las mismas dirigencias nacionales, advirtieron sobre los riesgos que implicaba confiar que la Secretaría de Gobernación atendería y resolvería oportunamente  el pliego petitorio  del magisterio de Oaxaca y de la CNTE pues su demanda central, la derogación de la reforma educativa, era inatendible e innegociable. Se conformaron con darle seguimiento a las negociaciones y en exhortar públicamente a los actores del movimiento antielectoral a no obstruir el proceso y facilitar el desarrollo de la jornada.

En ese contexto INE, partidos políticos y gobierno federal  solo reaccionaron cuando una semana antes de la celebración de los comicios, la sección 22 del SNTE, con el acompañamiento de sectores de la CNTE de los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas, refrendó en su asamblea estatal su determinación de irse a un paro indefinido de actividades a partir del primero de junio e impedir en forma contundente la elección del 6 de junio.

Se ignora si  en el transcurso de las  campañas electorales, y sobre todo cuando en la última fase del proceso se advertía que el boicot no era solo un amago, el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, buscó acercamientos con la dirigencia magisterial de la sección 22 del SNTE  para “puentear” con el gobierno federal y coadyuvar en la solución del conflicto , pero lo cierto es que siempre se mostró  optimista negando en todo momento que las movilizaciones magisteriales representaron un alto riesgo político y electoral.

Por otro lado, y no obstante  que  el INE intentó reducir a su mínima expresión  la crispación, inseguridad  y actos de violencia que prevalecieron en la primera semana de junio y durante la jornada electoral, es un hecho que el boicot electoral impactó en una baja participación ciudadana, pero sobre todo en la falta de certeza en los resultados. Y la mejor evidencia de esto último fue el desenlace de las elecciones en los distritos de Teotitlán de Flores Magón y Juchitán de Zaragoza en donde la acumulación  todo tipo de irregularidades e incidentes anticipaba su anulación y la convocatoria a extraordinarias. Sin embargo, en una inédita decisión, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron en sentido contrario y, bajo el argumento de proteger el derecho de los ciudadanos que sufragaron, validaron y confirmaron el acuerdo del INE para declarar diputados electos a los candidatos del PRI.

Se cerró así un capítulo electoral en Oaxaca, dejando detrás una estela de agravios a la ciudadanía, fundamentalmente por parte de los grupos radicales del magisterio, pero también por parte de las fuerzas federales y el ejército cuyo espectacular despliegue por aire y tierra no dejó de provocar temor entre los electores.

Pero lo que no debe cerrarse es la necesidad de revisar la legislación electoral para en futuras reformas  dotar de más instrumentos legales y administrativos  al INE, y a todos los organismos públicos  electorales del país, para procesar con mayor eficacia y certeza escenarios de crisis electoral como el que vivió el estado de Oaxaca.

*Resumen de la ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Estudios Electorales convocado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y la UANL, celebrado del 14 al 16 de octubre en Monterrey, Nuevo León.

Puedes leer las partes anteriores en los siguientes enlaces:

Primera parte

Segunda parte