¿Medidas cautelares a diestra y siniestra?

Un tema interesante en la agenda política de este país, vulnerado por la delincuencia, la violencia y la muerte, sería saber los criterios de los organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, para otorgar las llamadas medidas cautelares. Al menos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se advierte celeridad y nula documentación para extenderlas. Cualquier hijo de vecino se acoge a ellas y con ello puede pasear su impunidad libremente. En la Comisión Nacional (CNDH), que preside LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que encabeza ARTURO PEIMBERT, hay cierta proclividad a otorgar las citadas medidas, incluso a delincuentes disfrazados de luchadores sociales.

El acertijo de qué hará la CNDH respecto a las advertencias del general Secretario de la Defensa, SALVADOR CIENFUEGOS, de que el crimen de los cinco militares muertos en Culiacán no quedará impune, sigue permeando en el imaginario colectivo del país, luego del criticado informe sobre Tanhuato, que hace presumir que dicho órgano pareciera defender no los derechos de los mexicanos, de las víctimas violentadas en sus comunidades, de los miles y miles de ejecutados y desmembrados, sino de los delincuentes, sicarios desalmados y carniceros.

En Oaxaca, por ejemplo, luego de los hechos de Nochixtlán, se apersonaron en la ciudad de México, ante el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, JAN JARAB, curándose en salud, algunos pájaros de cuenta, cuyas organizaciones participaron en los hechos de sangre del 19 de junio, como FLAVIO SOSA, dirigente de COMUNA; GERMÁN MENDOZA NUBE, del violento Frente Popular Revolucionario (FPR) y ROGELIO VARGAS GARFIAS, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), entre otros. SOSA VILLAVICENCIO por ejemplo, es el responsable de la violencia que se ha desatado por un problema limítrofe entre las comunidades de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.

Con el ardid de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, ayer estuvo en Oaxaca –otra vez- el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ROBERTO CAMPA CIFRIÁN en la mesa de diálogo para resolver el diferendo agrario y limítrofe. Ahí estuvo SOSA, el principal instigador de la violencia y presunto responsable de los enfrentamientos mortales entre ambas comunidades. El diferendo no se ha resuelto, justamente por la manipulación de esos falsos redentores sociales y su tendencia a prolongar el conflicto para obtener dádivas y sobornos del gobierno o como medida de presión y chantaje. ¿No es tiempo ya de desenmascarar a estos farsantes? (JPA)