Lorena Merino: La diva triqui

POLÍTICA DE SUMA CERO

El mito de “nosotros los pobres indígenas” y la creencia –muchas veces inconsistente- de que los grupos étnicos son explotados, vilipendiados y discriminados, sigue permeando en ciertos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a la menor provocación otorga medidas cautelares, sin conocer, a ciencia cierta, el fondo de una determinada problemática, grupo social, entorno nacional, etc. Es el caso de los supuestos desplazados triquis. Una etnia violenta, con tendencia al exterminio inter-étnico y a la trata de personas de su misma raza, sobre todo niñas.

Una de las beneficiadas ha sido LORENA MERINO, la problemática dirigente de un pequeñísimo segmento de supuestos desplazados de su comunidad: San Juan Copala. Sólo tiene tres cautelados. La misma se hace acompañar de tres sujetos. Los hermanos: BASILIO, AGUSTÍN y VIRGILIO RAMÍREZ GARCÍA, ninguno de ellos bajo el beneficio de las medidas cautelares. La tríada tiene abierta la Averiguación Previa: 1020/V.I./2013, Mesa 3, por trata de personas, gracias a la denuncia de la víctima: NOHEMÍ CRUZ SANTIAGO. Se trata de sujetos dedicados a cuestiones ilegales y quienes sirven a MERINO, como guardaespaldas y sicarios.

El sábado primero de septiembre, la aludida irrumpió violentamente en el inicio de los festejos patrios, cuya ceremonia fue presidida por el Secretario General de Gobierno, HÉCTOR ANUAR MAFUD. No sólo se abrió paso a golpes contra los funcionarios que asistieron a dicho evento cívico, sino que arremetió en contra de padres de familia, cuyos hijos –alumnos de diversas escuelas- habían sido invitados al acto. No se salvaron policías municipales y viales de la agresión de la aludida LORENA MERINO. Tres elementos presentaron lesiones: GONZALO CRUZ LÓPEZ, JAVIER ALEJANDRO POBLETE BARRANCO Y CATALINA LAURA DEYTA GARCÍA.

De inmediato, en las redes sociales se hizo un recuento de las pillerías de la voraz y beligerante dirigente. No solamente recibe despensas para su manutención, dinero en efectivo y está exigiendo al gobierno de ALEJANDRO MURAT, la adquisición de cuarenta lotes –según ella- para que “sus tres cautelados”, puedan vivir. MERINO es un sobado caso de vividores que se asumen víctimas y que prevalecen en esa calidad para pervivir de la limosna gubernamental. Muchas son las opiniones en el sentido de que la actual administración debe aportar los elementos necesarios para que la CIDH cancele las aberrantes medidas cautelares y se le pueda aplicar la ley. Se trata de una diva triqui, que en el fondo no es más que un parásito de la impunidad. (JPA)