Las consecuencias de la nueva ley de educación. Por Samael Hernández Ruiz

Por Samael HERNÁNDEZ RUIZ

La madrugada del domingo 10 de abril, el congreso local de Oaxaca, finalmente aprobó la nueva ley estatal de educación que concuerda con la reforma constitucional del 3ro y 73 constitucionales y las leyes reglamentarias correspondientes. La aprobación de la nueva ley, se dio a cinco días de vencerse el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Después de dos años de aprobada la reforma, los legisladores oaxaqueños finalmente aprobaron una versión modificada de la iniciativa presentada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, misma que era una versión “aceptable” de la llamada ley PTEO (Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca).

En su momento la Sección 22 del SNTE se opuso a las modificaciones que realizó a su propuesta inicial el ejecutivo del estado y se movilizaron exigiendo que no fuera alterada ni una coma de la ley PTEO.

Como respuesta a lo que llaman “albazo”, la Sección 22 anunció que iniciarían el boicot a las campañas electorales y continuarán con movilizaciones contra la reforma educativa.

Aunque es necesario hacer un análisis detallado de la nueva ley de educación, por el momento hay que destacar dos posibles consecuencias de lo acontecido:

La amenaza de la Sección 22 del SNTE podrían ser actos de provocación, como los efectuados en el 2015, con el propósito de construir un escenario favorable a su lucha. Otro escenario posible sería que decidieran, sin declararlo, votar por MORENA o bien dar el voto magisterial a Benjamín Robles Montoya, que se ha declarado enemigo del actual gobernador. En cualquiera de los dos escenarios, los perdedores serían tanto la coalición del PRI, como la del PRD. La primera porque vería disminuida la ventaja de su triunfo y la segunda porque perdería la posibilidad de competir para quizás ganar. La oportunidad que se le presenta a la Sección22, a Robles Montoya y a MORENA tiene un doble beneficio, porque le arrebatarían el triunfo al supuesto candidato del actual gobernador o deslegitimarían el triunfo del candidato del PRI, si éste último ganara.

La otra posible consecuencia es que la versión de la ley aprobada por el congreso local, es la versión modificada de la iniciativa del gobernador del estado, que solo retocó algunos artículos de la ley PTEO.

Si los legisladores no hicieron una formulación cuidadosa de la ley, es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional en algunos puntos y por tanto requiera su anulación y que se reinicie el procedimiento. Para entonces, la actual legislatura podrá alegar que cumplió con lo mandatado por la SCJN y sería tarea de la nueva legislatura revisar el caso. Si lo anterior sucediera, el nuevo gobierno tendría de entrada una tarea difícil.

Por su parte, el nuevo IEEPO sigue acumulando problemas, más ahora que la Sección 22 ha declarado que no tendrá ninguna comunicación con los funcionarios de esta administración; por lo que quienes sufrirán las consecuencias serán los escolares. A lo anterior habrá que agregar que los actuales funcionarios del IEEPO, tendrán que prepararse para hacer la entrega a la nueva administración y que en ella habrá muchos puntos que seguramente aparecerán señalados con probable responsabilidad para quienes entregan.

La eventual beligerancia de la Sección 22, también complicaría el plan del comité ejecutivo nacional del SNTE de meter las manos en Oaxaca por la vía de una comisión especial que retome el diálogo autoridades-sindicato, para resolver los problemas laborales y administrativos del servicio público.

Era de esperarse que la llamada armonización de la ley de educación tuviera este tipo de repercusiones, la tarea, sin duda, es precisar los posibles efectos.

Para empezar, lo más probable es que no se le permita a la S22 alterar las elecciones. Quien quiera que triunfe el cinco de junio, no querrá tener la mancha de haber sido electo en unas elecciones controvertidas.

Por otra parte, el congreso local se metió en un atolladero y puso en problemas a la administración entrante, quien ya no podrá dialogar con la S22 bajo la perspectiva de un acuerdo, sino en las condiciones de la necesaria aplicación de la ley. Quizás una salida pudiera estar en la regularización presupuestal y de las prestaciones de los trabajadores, que no se hizo de acuerdo con la normatividad que estuvo vigente hasta el 2014.

Queda pendiente el tema de avanzar hacia la mejora del servicio educativo y aquí es donde la nueva ley podría ser un obstáculo en vez de un impulsor. En breve se anunciará la reforma de los contenidos en la educación básica y los programas asociados a dicha reforma. Oaxaca tiene mucho que ofrecer en ese aspecto; quienes piensan que los maestros oaxaqueños sólo saben de marchas y plantones están equivocados. Hay propuestas y de muy alta calidad pedagógica, la pregunta es: ¿Habrá condiciones para escucharlas y ponerlas en práctica?