Juicio político, ¿para qué?

La entrada a la demanda de juicio político en contra del ex gobernador GABINO CUÉ MONTEAGUDO, por la serie de latrocinios que se dieron en su administración y que el Congreso local aprobó, no es más que una cortina de humo para eludir la acción penal que requiere el ex ejecutivo estatal y su camarilla. No se trata de aplicar medidas superficiales y mediáticas al gravísimo saqueo de las arcas públicas, situación que sigue afectando a los oaxaqueños. Solamente en el área de salud, ante la falta de suministro de medicamentos que se dio desde el período de GERMÁN TENORIO VASCONCELOS, es motivo suficiente para que el ex gobernador y algunos de sus colaboradores pisen la cárcel.

Lo que sorprende es que de los cinco miembros de la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura del Estado, sólo firmaron cuatro: las diputadas MARÍA DE JESÚS MELGAR VÁSQUEZ y PAOLA GUTÉRREZ GALINDO, así como los diputados JUAN MENDOZA REYES y JOSÉ DE JESÚS ROMERO LÓPEZ, en tanto que la priista MARÍA MERCEDES ROJAS SALDAÑA, emanada de las filas del PRI, omitió suscribir el procedimiento de juicio político. Podemos preguntar: ¿a qué le juega, si se parte de la premisa de que los efectos demoledores del saqueo al erario público los está padeciendo un gobierno que emana del partido tricolor, y que encabeza ALEJANDRO MURAT?

Cual fuera el resultado, es importante subrayar que en el imaginario colectivo oaxaqueño, la ciudadanía deplora de simulaciones y amagos. Hay plena conciencia de que CUÉ MONTEAGUDO y camarilla deben pagar por el escandaloso saqueo a la administración estatal, no con sanciones superficiales como inhabilitaciones u otras, ni siquiera con procesos resarcitorios, sino con prisión. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su momento, dio cuenta de un desvío de recursos multimillonario en los ejercicios de 2011 a 2105. Pretender encubrir el desfalco y daño al patrimonio del Estado, es agraviar a Oaxaca y a sus ciudadanos.
Se han manejado profusamente los nombres de ex funcionarios y del operador financiero de CUÉ, que no solamente se quedaron con los “moches”, sino que de manera criminal operaron diversos programas sociales, obras públicas y de salud, afectando severamente a los sectores más desprotegidos de la entidad, sin que a la fecha hayan recibido castigo alguno. Insistimos: no es pues con un juicio político o la comparecencia del ex gobernador indiciado, como se va a paliar el impacto que hoy tiene al Estado al borde de la quiebra financiera. (JPA)