Istmo y Valles Centrales: Los focos rojos

Resulta a veces motivo de hilaridad la política del avestruz que se practica en el gobierno de GABINO CUÉ, respecto a las acciones que deben tomarse –o se han tomado- para acabar con la ola creciente de criminalidad. Ayer mismo se dieron tres ejecuciones: RENÉ TERÁN REGALADO, hermano del más buscado, JUAN TERÁN, fue ejecutado con armas de alto poder, en Unión Hidalgo, Oaxaca. La víctima, se dice, era maestro y laboraba en una escuela de Santa María Chimalapas. Pero además, dirigía un segmento de la sección del transporte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que tenía que ver con las presiones a las empresas de energía eólica que se han instalado en la región. El crimen de TERÁN REGALADO se dio presuntamente en la madrugada de ayer, con armas de alto poder, 7.62 x 39 mm y 223 mm.

Al mediodía, el presidente de Bienes Comunales de la población de Chilapa, Loxicha, FLAVIO PÉREZ, reportó el hallazgo del cadáver de JEREMÍAS ANTONIO HERNÁNDEZ, quien fue asimismo ejecutado cerca del camino de terracería y a menos de 100 metros de su domicilio. La víctima era militante y dirigente del PRI en su comunidad. En el lugar del atentado se encontraron castillos percutidos de armas de alto poder. Se trata de los territorios que domina, pues es originario de esa zona, el diputado federal, ÓSCAR VALENCIA, quien en su campaña política fue señalado como instigador de la violencia en los Loxicha.

Al filo de las 4 de la tarde de ayer mismo, sobre la carretera 190, a la altura de Santa María El Tule, fue ejecutado por sujetos desconocidos que viajaban presuntamente en una motocicleta, ULISES CANSECO MARTÍNEZ, justo cuando descendía de su camioneta. El occiso –se dice- era chofer de conocida empresa de autobuses foráneos. Las tres víctimas se suman a seis más que fueron asesinados el pasado domingo primero de mayo, en el camino hacia Monte Oscuro, perteneciente a Matías Romero, presuntamente originarios de Santa María Chimalapas, pero además, se localizó una camioneta con tres personas calcinadas, lo que hace presumir un ajuste de cuentas entre grupos criminales rivales.

A todo ello había que preguntarse: ¿qué ha hecho exactamente el gobierno estatal más que dar declaraciones imprudentes de algunos funcionarios, negando la existencia de células del crimen organizado? En efecto, ninguna acción se ha emprendido luego del operativo fracasado en Juchitán, pues aún con la presencia de la Policía Estatal, la Marina-Armada de México y elementos de la Gendarmería, presuntamente, las ejecuciones continuaron como si nada. (JPA)