El comentario de hoy, martes 29 de septiembre:

En menos de dos meses, Oaxaca figura ya en el radar de los organismos de seguridad de la Federación, de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, para desactivar redes criminales. Y es que, de seguir como éstas venían operando, habrían hecho de nuestra entidad un paraíso del crimen y la violencia.

En política nada es casualidad. Tuvieron que darse hechos lamentables, además de denuncias, exigencias y un bombardeo mediático, que cimbraron las inaccesibles puertas del Palacio Nacional, para que se dieran acciones enérgicas. No bastaron las quejas de centenas de afectados por extorsiones y cobro de piso por parte del famoso sindicato ASAEO o de la ejecución diaria en Juchitán de Zaragoza, para que la Federación volteara los ojos a Oaxaca.

Tuvo que darse un lamentable y sonado asesinato, para que se dieran operativos, cateos, aseguramientos y detenciones de operadores del sindicato citado. Si tuvieron que ver o no con el crimen, eso sólo compete a las autoridades investigarlo. No somos fiscales ni jueces. Lo cierto es que ahí se estaba incubando el huevo de la serpiente de un cártel potencial.

El miércoles 23 de septiembre fue detenido el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel N., junto con otra persona. Desde hace años, dicha población de ha convertido en un matadero cotidiano y paraíso del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso. Una de las ciudades de mayor índice de criminalidad en México que, pese a operativos y más operativos, programas y campañas, los grupos criminales han seguido desafiando al Estado.

Un hecho, común en territorio teco: el atentado contra el domicilio o negocio de uno de los diseñadores favoritos de la presidenta de México, Elvis Guerra –aunque la mandataria lo niegue- dio al traste para que la Federación tomara acciones de fuerza. Quien fuera calificado como responsable del atentado fue ejecutado en menos de 24 horas.

Desde que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal puso en marcha el operativo “Enjambre”, en el Estado de México, muchas voces se elevaron para exigir se aplicara en Juchitán. Nada ocurrió. Justamente por eso, tanto grupos ligados a la delincuencia como taxistas, moto-taxistas, locatarios y dirigentes, montan bloqueos, cierres carreteros y accesos a la ciudad, cada que hay algún operativo policial. Una forma burda para encubrir a los capos.

Con la detención del edil, la semana pasada, la misma Policía Municipal juchiteca hizo su borlote para evitar el traslado del detenido. No obstante, serán las autoridades ministeriales y judiciales quienes deslinden responsabilidades. Sin embargo, para poder restablecer la paz, la civilidad y la normalidad entre la población juchiteca, las acciones del Gabinete de seguridad deben continuar para acabar con este clima de impunidad y violencia. (JPA)