El comentario de hoy, jueves 2 de abril de 2026

En su edición del pasado 24 de marzo, EL IMPARCIAL. El mejor diario de Oaxaca, publicó a ocho columnas una nota preocupante, firmada por la reportera Lizbeth Mejía: el festín de presidentes municipales en la asignación de obras. Dicen que el mal ejemplo cunde. Desde el inicio del gobierno de la llamada transformación, las Leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios, han sido un simple membrete. La podredumbre llegó a nuestros ediles. No licitan la obra pública. Se van por la libre: asignación directa o invitación restringida. Y ahí está el cochupo.

En el régimen del ex presidente Adolfo López Mateos, a mediados del Siglo XX, había entre la clase política una consigna: “¿Quieres robar? Pues, haz obra”. Nada ha cambiado a la fecha. He ahí el eje de la riqueza inexplicable que muchos no pueden explicar ante sus paisanos. Pero que tampoco las instancias responsables se encargan de indagar. ¿Quién revisa las cuentas de los municipios? La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado -la ASFEO-. A la fecha poco se sabe de sanciones a ediles -¿Se podrá decir edilas, por aquello de la cacareada cuestión de género?- acusados de corrupción.

Y es que, pese a la reiterada denuncia, aquí no pasa nada. La complicidad y la impunidad son hermanas. Vecinos de diversos municipios han llegado hasta las puertas del Palacio de Gobierno a denunciar a sus autoridades. Falta de obras, opacidad en la administración, nada de rendición de cuentas. De inmediato les ponen las sobadas mesas de diálogo. Luego de acuerdos debajo de la mesa, los munícipes quedan limpios y sin mácula. La desaparición de poderes se da por intereses de partido, no por razones de peso, como la corrupción o vínculos con el crimen organizado.

Incidentes graves en que se ven involucrados ediles pasan de inmediato al olvido. Y aquí no ha pasado nada. Temas que deben ser investigados y que, en cualquier parte del mundo, serían objeto de acciones penales urgentes, son solapados con el abominable manto de la impunidad. Con la desaparición de los órganos de transparencia, se le quitó al ciudadano la posibilidad de conocer a dónde van a parar sus impuestos. Pero hoy sólo prevalece la connivencia y el favoritismo político.

¿Veremos en algún momento ediles consignados o emplazados a solventar cuentas infladas, obras millonarias de las que obtuvieron un buena comisión o abierto peculado y corrupción? En lo personal lo dudo. Detrás del supuesto rigor de las leyes que rigen a los órganos que auditan, siempre hay complicidades y prevaricación. Cierto pues, la conseja popular nunca falla: “Chinto tapa a Chinto y Chinto a su compañero”.

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