El comentario de hoy, martes 30 de noviembre 2022

Las experiencias vividas en los últimos días, hacen pensar que los separos policiales en algunos municipios de Oaxaca se han convertido en pabellones mortales. El asunto no es nada nuevo. Tanto en los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos como en los de sistemas normativos internos, antes llamados de usos y costumbres, los abusos están a la orden del día. Los ediles se asumen caciques de horca y cuchillo y sus brazos ejecutores son, precisamente, las policías municipales.

Lo ocurrido en Salina Cruz hace unos días, con la lamentable muerte de una joven madre de familia o en el caso de Santa María Huatulco, donde un migrante guatemalteco murió en la cárcel municipal, obliga a una revisión de los protocolos, la vigencia de los derechos humanos y la prisión preventiva, pero, particularmente, la capacitación de las corporaciones locales. Sin embargo, hay un rubro que no debe pasar desapercibido y es acotar el uso desmedido de la fuerza.

¿Quién sirve para vigilar el orden en las comunidades indígenas? Normalmente personas del mismo pueblo denominadas topiles que, por lo que se sabe, no reciben capacitación policial, mucho menos, instrucción mínima sobre leyes, reglamentos o protocolos. Es decir, lo mismo encierran en la cárcel municipal a mujeres con sus hijos menores de edad que hasta animales, porque causaron daño en los terrenos de cultivo de alguno de los vecinos.

Igual dejan días, semanas o meses a quienes son detenidos, sin remitirlos al Ministerio Público o al juez, en celdas húmedas y malolientes, sin cubrir los mínimos protocolos de aquellas personas que, por diversos motivos, son privadas de su libertad. Por ello, en nuestra entidad hay todo un historial de personas que han recurrido al suicidio o, en la mayoría de los casos escandalizan y son golpeados para someterlos, aunque luego digan que “se les pasó la mano”. Sin hacer prejuicios de ninguna especie, esos abusos ya no deben seguir  dándose, como si fuéramos pueblo sin ley.

El caso de Abigail en Salina Cruz y el de Jaime en Huatulco, como el de muchos más que han muerto en medio de sospechas de presuntos abusos, complicidad de las autoridades o falta de capacitación de quienes dicen cuidar el orden público, debe obligar a los tres poderes del Estado, pero particularmente a los organismos gubernamentales y no gubernamentales que dicen salvaguardar los derechos humanos, que aquí abundan, a realizar las recomendaciones o denuncias pertinentes. No está por demás una revisión de las cárceles municipales, igual que en agencias y comunidades. Tampoco echar en saco roto la intervención legislativa en puntos de acuerdo para mejorar las condiciones en que operan y nuestros legisladores no pierdan el tiempo en asuntos banales, ajustes de cuentas internos o vulgar politiquería. (JPA)