El comentario de hoy, martes 16 de octubre de 2018:

Algo que nos sorprende a muchos oaxaqueños, es la fragilidad de nuestro Estado de Derecho. O tal vez su inexistencia. Se asume que somos un país de leyes y, por tanto, Oaxaca como Estado Soberano, está regido por un marco jurídico. Ya son parte del discurso político frases como: “nadie está por encima de la ley” o “todo conforme a derecho; nada fuera de la ley”. Sin duda se trata de pura verborrea.

Y es que hay tal impunidad que muchos confunden libertad de expresión o la mal llamada “lucha social”, con bloqueos, pillaje, asalto o secuestro. Una de las escenas cotidianas que encuentran a su paso quienes llegan o salen de Oaxaca, es la toma de las casetas de cobro. La de Huitzo, Suchixtlahuaca o Ixtepec, son rehenes cotidianos de normalistas, comuneros o grupos de presión. Tomar casi por asalto una caseta y cobrar el derecho de peaje a automovilistas, transportistas y demás, es ya una institución y no se cataloga como un robo; un atraco vil.

Pero nadie mueve un dedo. Tal parece que hay un inexplicable temor gubernamental a detener estas acciones delictivas y contra derecho. Y es justamente la impunidad lo que ha llevado a los mismos actores a secuestrar camiones de mercancías, emulando a las bandas delictivas que asuelan algunas zonas de la Mixteca y vender los productos del hurto. Comerciantes de la zona se quejan de la venta ilegal de mercancías y la competencia desleal.

Otro de los rubros es la toma de oficinas públicas con la consecuente privación ilegal de la libertad de trabajadores, hombres y mujeres. Grupos de facinerosos de comunidades u organizaciones vuelcan su frustración en contra de modestos empleados. Éstos han sido golpeados. Incluso se han dado casos de heridos o descalabrados. Pero a nadie se le fincan responsabilidades. Otros casos revelan el patetismo de la indefensión: empleadas de Ciudad Judicial hace algunos meses, escapando por la red de drenaje para evitar las agresiones de vecinos de Teojomulco, que hasta le prendieron fuego al pasto seco para asfixiarlas.

Pasajeros que van al aeropuerto y pierden sus vuelos; padres de familia y alumnos que no pueden llegar a sus escuelas; trabajadores que no cumplen con sus labores y cientos de afectaciones generadas por grupos, organizaciones y hasta autoridades municipales. En Oaxaca pues, el Estado de Derecho es una ficción o una grotesca caricatura. Cualquier hijo de vecino puede tomar una caseta de cobro; cualquier baba de perico puede retener como rehenes a empleados y funcionarios o bloquear una carretera por días. ¿Y qué hacen las autoridades? Escudarse en que cualquier acción será sancionada por Derechos Humanos. De ese tamaño es la impunidad. (JPA)