El comentario de hoy, jueves 18 de mayo 2023

Los organismos responsables de los fenómenos meteorológicos, han advertido que la temporada de hucaranes está en puerta. De los que se estiman impactarán en el país, se pronostica que algunos nos pegarán en Oaxaca. Nuestro largo litoral con el Océano Pacífico, de al menos 600 kilómetros, nos hace muy vulnerables. En los últimos años varios han dejado una estela de desolación y muerte. Del último que nos pegó, “Agatha”, aún hay resabios de los daños.

Al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, desapareció el Fondo Nacional para Desastres Naturales –el FONDEN-, incluso con el voto de nuestros diputados federales. Ha sido la Federación, por tanto, quien le ha entrado al apoyo a los damnificados, aunque con reglas de operación poco claras. Haberles entregado sumas millonarias a los ediles de poblaciones afectadas por “Agatha”, desató una verdadera rapiña.

Varios levantaron censos a modo. Otros, favorecieron a sus familiares y cercanos, y no faltaron los vivales que huyeron con los recursos. Recientemente se dio a conocer que el presidente de la República había autorizado recursos adicionales por más de mil millones de pesos para las comunidades afectadas. La mitad se otorgará este año y el resto en 2024. Desconozco si los ediles que robaron son sujetos de órdenes de aprehensión o simplemente siguen impunes.

En torno a desastres naturales, sean sismos, inundaciones o incendios forestales, hay que reconocer que no existe una cultura de la prevención entre los oaxaqueños. En junio y septiembre de 1999, la entidad fue azotada por al menos dos sismos de mediana magnitud. De ahí surgió la idea de que cada municipio tuviera su propio organismo de protección civil, que fuera responsable de atender emergencias y, fundamentalmente, de capacitar a la población sobre el qué hacer en casos de desastre.

Sin embargo, seguimos en las mismas. Cada siniestro trae consigo la misma historia. Si es que existen, no hay voluntad política para actualizar los mapas de riesgos, tan necesarios en una entidad con la sismicidad más alta en el país. Tampoco hay estrategias y planeación para hacer frente a siniestros. Cuando ocurren, en los cónclaves convocados por la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con la presencia de las Fuerzas Armadas, policiales, el Heroico Cuerpo de Bomberos y organismos civiles, sólo aciertan a la inmediatez y la celeridad. Pero, no hay trabajo de prevención, de capacitación y de poner en marcha programas emergentes en auxilio de la población. A última hora se habilitan albergues y se desplazan brigadas médicas. Es evidente pues nuestra vulnerabilidad y la apatía institucional para hacer frente a emergencias motivo de fuerzas de la naturaleza que, si bien no se pueden predecir, sí puede paliarse sus efectos con una labor corresponsable entre gobierno y sociedad. (JPA)