El comentario de hoy, jueves 16 de marzo 2023

El catálogo de afectaciones a 56 inmuebles de bancos, edificios gubernamentales, domicilios privados, hoteles, restaurantes, escuelas, bibliotecas, galerías de artes y monumentos coloniales, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, obliga a gobierno y legislatura a pronunciarse respecto a los límites de tolerancia que debe haber en una sociedad ya de por sí lacerada por la violencia.

En lo personal deploro de acciones como éstas para reclamar la atención a demandas justas como los feminicidios, la desaparición forzada de mujeres, la violencia intrafamiliar y todo aquello que la mujer actual demanda y que ha concitado el apoyo generalizado de la ciudadanía. Es obvio que hay grupos y colectivos que han tomado su lucha con seriedad y no en abierto desafío ante el gobierno, menos ante la sociedad.

Organizaciones que han emprendido una cruzada para buscar a sus hijas desaparecidas o presionando a las autoridades que administran y procuran justicia, para dar con los responsables de sus hijas o madres asesinadas. Nada que ver con los bloques negros u olas verdes que en su afán de destrucción sin ton ni son, desprestigian y hacen que la sociedad descalifique a quienes sí tienen una lucha genuina a favor de la causa de las mujeres.

Algo que en verdad duele es la imagen de deterioro y anarquía que queda en la ciudad, plasmada en las viejas canteras de los Siglos XVI o XVII, con nombres escritos en tinta indeleble de graffitti, que hace presumir que a dichas manifestaciones concurren entes particulares que aprovechan una lucha colectiva para cobrar agravios personales.

Muchas voces se han escuchado en diversos foros para exigir respeto a nuestro Patrimonio Histórico; para ese legado de siglos de los que hemos sido depositarios irresponsables, porque desde hace años ha servido como lienzo pétreo de consignas y frustraciones personales. Ya hemos comentado aquí que desde 1942, la ciudad de Oaxaca fue catalogada como lugar de sitios y monumentos históricos; que, en 1976, dicho reconocimiento se hizo por decreto y que en 1987 fue catalogada por la UNESCO, como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Hay elementos suficientes pues, para que el Congreso del estado deje a un lado su postura condescendiente de aprobar decretos e iniciativas de moda, como la famosa Ley de Revocación de Mandato o la de Austeridad Republicana, que ya veremos quién cumple y apruebe el andamiaje jurídico para proteger nuestro patrimonio histórico de la destrucción y, particularmente del vandalismo, provenga de donde provenga. Si, como ha dicho el ejecutivo estatal, nadie está por encima de la ley, dado que aquí no hay patentes de corso ni privilegios, ¿qué esperan para aplicarse a la aprobación de un marco jurídico que, de una vez por todas, castigue el vandalismo, en contra de nuestras raíces y de nuestro pasado? (JPA)