El comentario de hoy, jueves 13 de noviembre 2025

Cada vez queda más claro: el crimen organizado co-gobierna el país. No está errado el gobierno de Donald Trump al afirmar que, al menos el 30 por ciento de México, está bajo el yugo de los grupos criminales. Ellos ponen alcaldes, directores policíacos, funcionarios de gobierno o manipulan obras públicas. Es decir, han impuesto su ley y con ello cobran los intereses de la deuda que algunos han contraído en el financiamiento de sus campañas políticas.

Durante la larga hegemonía priista y los sexenios del Partido Acción Nacional, los tentáculos delincuenciales entreverados con la política ya existían. Permearon durante mucho tiempo, con una salvedad, cuando se descubría la hebra, los responsables eran castigados, o al menos, acotados o anulados políticamente. El narco ha estado presente desde hace más de medio siglo en la vida política mexicana.

Uno de los primeros ex gobernadores que fueron detenidos por nexos presuntamente criminales, fue Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo. Pero hubo otros más que estuvieron señalados, como Leopoldo Sánchez Celis y Antonio Toledo Corro en Sinaloa. La lista es enorme. Como la es hoy. Pero ahí están, tan campantes e impunes. Ni siquiera se les investiga. Desde el Palacio Nacional los declaran intocables y los blindan.

Incluso se pitorrean de aquellos que han manifestado no doblegarse a los criminales, como es el caso del asesinado edil de Uruapan, Carlos Manzo, con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. O de los vecinos de Poza Rica o Álamo, que perdieron todo su patrimonio en la reciente inundación, ante las torpezas y soberbia de la gobernadora Rocío Nahle. La pregunta es: ¿y qué les pasa a estos apéndices del lopezobradorismo?

No tengo duda de que el crimen del edil de Uruapan, que fue tendencia mundial en medios y plataformas digitales, incluso en pronunciamientos de Jefes de Estado y de Gobierno, tendrá efectos graves. No obstante los magros resultados de las acciones encabezadas por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch para acabar con el flagelo de la delincuencia organizada.

El pueblo mexicano exige un acción inmediata del gobierno federal; dejar de culpar a regímenes del pasado y de hacer uso del lenguaje desgastado que viene del anterior gobierno de la 4T. Sin hacer de la historia una tabla rasa, cada régimen debe cumplir con el papel que juró ante la Constitución, así sea de una Carta Magna vilipendiada y remendada, para convertirla en juguete de quienes hoy están en el poder.

No basta con programas acartonados que fueron un fracaso en el pasado. En tanto haya políticos o adláteres del poder presidencial impunes y protegiados para rendir cuentas ante la ley, el mal seguirá socavando al partido en el poder y a la institución presidencial. (JPA)