DDHPO: Postura sesgada

El choque entre la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que preside ARTURO DE JESÚS PEIMBERT CALVO, no es fortuita. El ombudsman, como lo hemos dicho en esta columna desde hace semanas, ha adoptado una postura parcial en los acontecimientos del 19 de junio en Nochixtlán. Ha sido pues, una especie de Ministerio Público oficioso; un juzgador e impartidor de justicia que sólo admite pruebas de oídas, como el infantil argumento de que la Policía Federal desalojó a los que bloqueaban la súper carretera en sólo 15 minutos, pero posteriormente se introdujo a la población, atacando inclusive niños. Tampoco es fortuito que la integrante de la Comisión Legislativa Especial para el Caso Nochixtlán, la senadora, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, órgano que preside la también senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO, le enmendara la plana, al calificar sus juicios como superficiales y veleidosos.

PEIMBERT CALVO se puso de pechito para la crítica, cuando el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, JAN JARAB, publicó en la cuenta oficial de twitter, la reunión que sostuvo hace al menos tres semanas, con algunos de los principales instigadores de la violencia, cuyas organizaciones sí participaron en los hechos del 19 de junio. Nos referimos a FLAVIO SOSA y EFRAÍN SOLANO ALINAREZ, de COMUNA; GERMÁN MENDOZA NUBE, del Frente Popular Revolucionario (FPR); ROGELIO VARGAS GARFIAS, del brazo violento de la Sección 22: la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y hasta la derrotada candidata de MORENA a la presidencia municipal de Nochixtlán: ITAYEE CRUZ GUEVARA, que ni siquiera es oriunda de la comunidad.

El ombudsman, cuya función no es precisamente la parcialidad, fue quien llevó de la mano a los rijosos dirigentes, que en Oaxaca todo mundo conoce. Para PEIMBERT eran los actores, cuya versión era la que el funcionario internacional tenía que escuchar y no las voces de los familiares de las víctimas. Ahora descalifica el operativo de la Policía Federal, pero no da argumentos legales en torno a lo que nuestra Constitución establece para quienes atentan en contra de las vías generales de comunicación, ni el daño a la educación, mucho menos las afectaciones a la sociedad civil, al comercio, a las empresas, etc. En la visión torcida de PEIMBERT, el bloqueo podía perpetuarse ad infinitum. Es decir, dejar hacer, dejar pasar a los mentores y grupos violentos, aun pisoteando los derechos humanos de más de cuatro millones de oaxaqueños. (JPA)