Comuneros chimalapas: Desafío al Estado

Nunca como hoy se ha visto en Oaxaca un relajamiento total en organizaciones y grupos, en torno al respeto a la ley. Todos se pitorrean de ella. Lo mismo los moto-taxistas que maneja FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, hijo de “Pancho Mugre”, que agredieron e hirieron con armas de fuego a la policía el pasado jueves, que maestros de la Sección 22 cerrando la carretera en Nochixtlán o los comuneros de San Miguel Chimalapas, tratando de incendiar el juzgado de garantías en Matías Romero, por la liberación del conocido tala-montes, DAVID VEGA GUERRERO. Antes, los mismos comuneros ya habían retenido a dos pilotos, un agente del Ministerio Público de la Federación y otras personas, como protesta porque el gobierno federal –y el estatal, sin duda- no han actuado en contra de los invasores del estado de Chiapas.

Se trata de acciones que sólo cometen los grupos criminales. Pretender de liberar a alguien o crear un ambiente de crispación en los órganos que administran y procuran justicia, no son acciones que reciban el aplauso ciudadano, sino un total repudio. Son hechos que se cometen en vísperas de que el gobierno de GABINO CUÉ deje el poder y un estado devastado por el endeudamiento, la inseguridad y la agitación social. Un Oaxaca distinto al que recibió hace seis años, si bien parcialmente convulsionado, no al grado que hoy tenemos que padecer.

Sin duda alguna, la Secretaría General de Gobierno, a cuyo frente está CARLOS SANTIAGO CARRASCO; la Fiscalía General, con HÉCTOR JOAQUÍN CARRILLO RUIZ, o la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de JORGE ALBERTO RUIZ MARTÍNEZ, deben ya tener en este momento, identificados a los agresores de los servidores públicos que fueron amenazados dentro de sus oficinas. Porque acciones como éstas no deben quedar en la impunidad, habida cuenta de que sientan un mal precedente para aquellos que arropados por la multitud y la movilización, cometen las peores bajezas.

Ninguna razón, ningún argumento es válido para justificar que una protesta en contra de una sentencia absolutoria, así sea al peor criminal, tenga como respuesta un abierto desafío a la ley y al Estado de Derecho. He ahí el por qué la problemática de Los Chimalapas no ha tenido una alternativa de solución. Los grupos criminales que se esconden en la zona selvática y operan a placer, tanto en el tráfico de drogas como de indocumentados; en la siembra de estupefacientes o el tráfico de maderas preciosas, es una rica veta por la que más que conflicto agrario o limítrofe, es una lucha por la plaza y el territorio. (JPA)