El comentario de hoy, martes 10 de junio 2025

En tres semanas concluirá el ciclo escolar 2024-2025. Así lo marca el calendario oficial. Festejos de clausura, entrega de boletas de calificaciones y certificados. Ello, sin embargo, pareció tener sin cuidado a la dirigente del llamado Cártel 22, Yenny Aracely Pérez Martínez y secuaces, quienes hasta la semana anterior continuaron con su plantón en la Ciudad de México y, por tanto, con el paro de labores.

Una de sus demandas es la abrogación de la Ley 2007 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE- de cuyo contenido, curiosamente, apenas se percataron, es decir, 18 años después. Entre las filas de docentes en paro se dice que fue una promesa de campaña de la hoy presidenta, Claudia Sheinbaum. Dicha ley no sólo contempla a los trabajadores de la educación sino a todo el universo de quienes laboran para el gobierno federal.

Se trata de una exigencia que pretende ubicar a los maestros en un estatuto diferente a los que rigen a todos los trabajadores del país. Es decir, convertirlos en una élite de la clase trabajadora, con derechos fuera de la ley. Ante la amenaza de boicotear la cuestionada elección judicial, a través del chantaje la dirigencia de la Sección 22, brazo ejecutor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -la CNTE-, obtuvo una bolsa de 800 millones de pesos.

¿Cuál será el destino de dichos recursos millonarios, al igual que los cerca de 4 mil millones de pesos que, debajo de la mesa les ha otorgado el gobierno de Salomón Jara? Desde hace años, organismos de la sociedad civil exigieron a los gobiernos federal y estatal que, en virtud de la transparencia que debe prevalecer en todo aquello que tenga que ver con recursos públicos, toda negociación debe darse de cara al pueblo. Nada a sus espaldas ni en la opacidad y la conveniencia.

Lo que sigue sorprendiendo es la pasividad y el silencio de la mayoría de autoridades municipales y comités de padres y madres de familia. Algunos ya lo han hecho. Sin atentar en contra de sus legítimos derechos de manifestación o laborales, es urgente que pongan un hasta aquí a ese infame método del magisterio mal llamado democrático, a seguir usando la educación de niños y jóvenes, como acicate de sus ambiciones personales o gremiales.

Sólo una acción enérgica de parte de las autoridades locales podrá conminarlos a cumplir con su responsabilidad docente; evitar el cierre de escuelas y seguir espantando con el petate del muerto de que son ochenta mil los que exigen respuesta a sus demandas, cuando todo mundo sabe, los métodos leoninos que ocupan sus dirigentes y compinches, para presionar a maestros y maestras que se niegan a seguir sus consignas. (JPA)