El comentario de hoy martes 9 de agosto

En la consciencia colectiva –como le llaman los sociólogos- de los oaxaqueños, luego de padecer tres meses de acoso y atropellos a sus derechos civiles por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –la CNTE- y su operadora local, la Sección 22, hay una coincidencia: Oaxaca no es prioridad para el gobierno federal. Seguimos pues a la zaga de ese Pacto Federal que con tanta enjundia se cacarea en los círculos oficiales.

Un hecho expresa con claridad este abandono; el desprecio con el que nos ven desde la Federación y la superficialidad con la que se perciben nuestros problemas. Cuando las cúpulas empresariales, nacionales o locales, reconocieron que no responderían a sus compromisos fiscales o declararían en ceros, de inmediato surgieron voces oficiales para afirmar que ello era violar la ley.

¿Acaso no es violar la norma, dar marcha atrás con los ceses de maestros que no han acreditado sus evaluaciones; reconocer a los comisionados sindicales; pagar salarios que fueron suspendidos a quienes se presume dejaron de laborar y descongelar las cuentas de la Sección 22, eje del uso con recursos de procedencia ilícita, por lo que fueron consignados a penales federales dos miembros del Comité Ejecutivo Seccional?

Es pues la aplicación de la sentencia juarista de la que ya hemos comentado en este espacio radiofónico de: “a los amigos justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas”. Lo que cualquiera sabe es que la ley es de observancia general y su desconocimiento no justifica su violación. Pero no. Es nuestro país, la ley se aplica de manera discrecional. Es decir, la ley del embudo: lo ancho para unos; lo angosto para otros. La norma subordinada a la política; a los enjuagues de la sucesión presidencial; al rejuego de facciones y futurismo político.

Si la libertad de expresión, que es el ardid de grupos, sindicatos y organizaciones para violentar los derechos de los demás, con bloqueos carreteros, a vialidades urbanas, a las empresas trasnacionales y demás, pues dicen que están en su derecho, ¿por qué no puede ser también el instrumento para aquellos que han cerrado sus empresas; que han despedido a miles de empleados y que no tienen dinero para responder a sus compromisos fiscales? Es justo pues paralizar sus actividades, en protesta silenciosa para responder a la apatía gubernamental y exigirle la aplicación de la ley, sin complicidades ni componendas. Sin embargo, tal parece que en las esferas gubernamentales no hay consciencia de que este país se les está pudriendo en las manos. Al tiempo. (JPA)