El comentario de hoy, jueves 9 de marzo de 2017

De alguna suerte este gobierno inició su gestión en medio de la opacidad, la discrecionalidad y la confusión. ¿Sabe el ciudadano común, qué se necesita para ser titular del gabinete legal o ampliado, es decir, responsable de alguna secretaría o director general de dependencia sectorizada? Suponemos que muchos lo ignoramos. ¿Saben por qué? Porque realmente pocos, muy pocos, conocen la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que se modificó antes de que el gobernador Alejandro Murat asumiera funciones.

Toda comparación es mala, dice la gente. Sin embargo, en diciembre de 2010, cuando Gabino Cué arribó al poder ejecutivo, lo primero que generó ruido y controversias, fue la Ley Orgánica del Ejecutivo que establecía que para ser Secretario del gabinete, uno de los requerimientos era tener título profesional de licenciatura, como mínimo. Hubo algunos damnificados, en efecto, pero era una norma que al menos sirvió para encuadrar en un marco legal al naciente régimen.

En las reformas a dicha ley, que realizó la Sexagésima Segunda Legislatura –no la que está en funciones, sino la anterior- hubo muchas sorpresas. Por ejemplo, lo que era la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se partió en dos. En este gobierno hay una Secretaría de Turismo y una de Economía. Se creó la Secretaría de la Mujer, que antes era Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Pero para crear la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, se derogó un transitorio, que generó inconformidad y molestia de los grupos ambientalistas.

Finalmente, esta legislatura –es decir, la que está en funciones- enmendó el error de la anterior. Y al fin, luego de cuatro meses de ocurrencias, inmediatez y bandazos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que está integrada por las diputaciones del PRI, MORENA, PAN, PRD y PT, lograron cuajar una agenda legislativa, que al menos servirá como guía a nuestros representantes populares y no terminen su gestión como los que se fueron: opacos, onerosos e improductivos.

Sin embargo, insistimos, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo sigue estando en absoluta opacidad. Pareciera ser pues, que como en los tiempos autoritarios, todo se remite a una postura cerrada, de no rendir cuentas ni hacer un ejercicio transparente. ¿Cómo explicar por ejemplo que en sus inicios, la anterior legislatura le haya arrebatado prácticamente a la Secretaría General de Gobierno la facultad de designar a los cuestionados administradores municipales, pero antes de concluir su gestión, dicha potestad haya retornado a la misma dependencia del ejecutivo? Eso sólo ocurre en Oaxaca. Política carretonera o rastacuero, como le llaman algunos. (JPA)