El comentario de hoy, jueves 29 de septiembre

Desde su creación, la Auditoría Superior del Estado –la ASE-, había asemejado un elefante blanco. Su inoperancia había sido directamente proporcional a su falta de timón de mando. Sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la revisión de las cuentas y el manejo de recursos de los municipios y entidades estatales.

Hace algunos años, la ASE estuvo en el ojo del huracán. Trascendió que algunos presidentes municipales, con cuentas pendientes que rendir, simplemente se arreglaban con ciertos auditores para resolver sus quebrantos administrativos. La lógica era simple: los auditores traficaban influencias. Tenían despachos contables en donde ponían en orden los desarreglos y corruptelas de los munícipes. Todo ello a cambio de un módico pago, no menor a cien mil pesos. Aunque podía ser más, proporcional al tamaño del quebranto financiero.

Ésa era entre otras, la razón por la cual los ediles nunca pisaban –y de hecho son unos cuantos los que han pisado- la prisión. Era una especie de juego. Los auditores amagaban con la consignación de los expedientes, hasta llegar al arreglo económico. ¿Cuántos ex presidentes municipales de la atomizada estructura oaxaqueña, se han ido a su casa, forrados de billetes, cínicos e impunes, sin haber entregado cuentas claras a la ciudadanía de sus comunidades? En realidad son muchos.

Por ello llaman la atención las declaraciones del Sub-Auditor, Ramón Icazbalceta, la semana anterior, respecto al desvío de cerca de 3 mil 900 millones de pesos. En efecto, se ha documentado un quebranto millonario y se han integrado al menos 356 expedientes de responsabilidades. Pero ello no ha tenido respuesta en torno a la apertura de averiguaciones previas. Significa que aquellos ex presidentes municipales y algunos en funciones, que no hayan rendido cuenta puntual del manejo de los recursos asignados a sus comunidades, podrán irse a sus casas, con toda tranquilidad.

Nada ha ofendido más al pueblo oaxaqueño que la impunidad con la que se pasean funcionarios y ex funcionarios señalados de actos de corrupción. No basta con la inhabilitación, que más que castigo es para lavarles la cara. Pueden sobrevivir y muy bien fuera del gobierno. Ya resolvieron su problema económico. A la precaria economía oaxaqueña le urgen procesos resarcitorios, en los que los corruptos reintegren a las arcas estatales algo de lo que se llevaron.

Oaxaca –y eso lo hemos vivido durante los últimos diez años, más que antes- ha sido un arca abierta, en donde justos e injustos han pecado. Es un delito de lesa humanidad robarle a los más pobres. Es una afrenta, un agravio, que esa corrupción se pretenda castigar con simulación, penas simbólicas o pantallas jurídicas que ofenden al sentido común. (JPA)