El comentario de hoy… jueves 25 de agosto

Los legisladores federales y partidos políticos –más allá de estar siempre contra el gobierno de manera sistemática- deben tener al menos una remota noción de las Teorías sobre el Estado. El ABC de lo que implica el término, desde el Derecho o la Ciencia Política; de la experiencia personal o la observación de la realidad. Muchos fingen no saber que todo Estado, a quien representa el gobierno, históricamente cuenta con un aparato punitivo, que coadyuva a mantener el orden y la vigencia de la ley.

Los cuerpos policíacos nacionales o locales; la Gendarmería; Los Carabineros o Granaderos, como quieran llamarse, además de corporaciones dedicadas a la investigación y aún cuerpos de élite contra el terrorismo o el narcotráfico, existen de acuerdo a mandatos constitucionales. Esto es: su existencia está regida por la ley. No es ocurrencia del gobierno de la República, por ejemplo, contar con la Policía Federal; el Ejército Mexicano; la Marina u otros. La primera tiene una función específica, lo mismo combatir a la delincuencia que mantener el orden. Dado el altísimo índice de criminalidad que existe en el país, sería absurdo creer que a los sicarios del narco los van a enfentar con regalos y flores.

En la ignorancia supina –o más bien visión torpe- de algunos, la Policía Federal debe estar en sus cuarteles y sus elementos, jugando a las cartas, en el mejor de los casos; en el peor, no se justifica su existencia. ¿Para qué participar en operativos, que la hacen aparecer como el cohetero, que todo mundo les chifla? Y es que las comisiones y organismos de derechos humanos, deben dejar de actuar con torpeza e ignorancia. No es validar la impunidad de delincuentes u organismos como la CNTE, lo que hay que ponderar. Sino la vigencia de los derechos humanos de toda una Nación y millones de mexicanos.

Un nuevo escándalo apareció en el escenario para poner contra la pared a la Policía Federal: la supuesta ejecución extrajudicial de 22 civiles –asumimos que presuntos delincuentes- en Tanhuato, Michoacán. Ya se hizo cera y pabilo del Ejército con el caso Tlatlaya; ya se dijo todo en el caso Ayotzinapa, cuyos estudiantes fueron secuestardos y asesinados por sicarios del narco –no por policías-; ya se forjan héroes y villanos del affaire Nochixtlán, con su anticipado juicio de que el culpable fue el Estado. Y como colofón el caso Tanhuato.

Pregunto: ¿tiene algún sentido la existencia de la Policía Federal, las policías estatales y municipales, o de plano habrá que aceptar que delincuentes y maestros impongan su ley? ¿Cuál es la esencia del discurso sofocante en el país, de los derechos humanos, que unos sí los tienen, mientras que Policía, Ejército y el aparato punitivo del Estado no los tiene? Estoy de acuerdo con aquellos que piensan que a México se lo llevó el carajo, desde que aparecieron como el zika, comisiones y defensorías; organismos civiles y legisladores obtusos, que dicen defender los derechos humanos, parciales, cínicos y complacientes con quienes desafian el Estado de Derecho. (JPA)