Salvando al viejo régimen

Isidoro YESCAS

Frente al desorden financiero, político y social de un fin de sexenio por demás tragicómico, y el avasallamiento legislativo promocionado por el nuevo bloque gobernante, llama la atención el silencio casi sepulcral que han guardado las organizaciones sociales y de la sociedad civil, los partidos políticos de izquierda y líderes de opinión para alzar la voz e inconformarse por un evidente intento del viejo régimen que ya está de regreso para reinstaurar normas y prácticas antidemocráticas y autoritarias que se pensaban ya superadas.

Ya en dos entregas anteriores publicadas en este espacio editorial ( “Pactos y reacomodos legislativos”-agosto 4- y “Divisiones y reacomodos partidistas” –septiembre 14- ) comentamos algunas de las iniciativas que en menos de dos meses se han presentado y aprobado por la LXII Legislatura con el claro propósito, por un lado, de reducir las atribuciones del poder legislativo al abrogar disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el funcionamiento interno del Congreso local y la designación de administradores municipales y , por el otro, fortalecer las facultades autocráticas jefe del poder ejecutivo, “abaratar” el costo de los arreglos económicos y políticos entre ambos poderes y reducir los márgenes de conflicto y desorden institucional que colocaron a la LXII legislatura como una de las mas improductivas,caóticas y desaseadas de los últimos tiempos.

En sospechosa unanimidad y sin pudor alguno, los diputados y diputadas del PRD , PAN y los partidos minoritarios, de la mano del PRI, parecen dispuestos pavimentar el regreso del viejo régimen y a fomentar la impunidad, pues en otro paquete de iniciativas presentadas el 15 de septiembre derogaron y aprobaron otras reformas constitucionales en materia de fiscalización y responsabilidades administrativas que ,por ejemplo, condiciona que todo procedimiento penal que se presente en contra de “funcionarios de elección popular” (sic) ante la Auditoría Superior del Estado debe previamente contar con la autorización de la Junta de Coordinación Política. Aprobaron también que”las facultades de la ASE para fincar responsabilidades e imponer sanciones , prescribirán en tres años”, pese a que a nivel federal el plazo se extiende a 7 años.

Pero lo que para el PRI y el nuevo gobierno se interpreta como una ruta necesaria para neutralizar los desórdenes prohijados por una legislatura caótica y corrompida, para la opinión pública, y para algunos legisladores electos del PT y PRD, tiene una lectura diferente que apunta en lo general a una regresión autoritaria del nuevo gobierno y a una errática estrategia política de abonar a la gobernabilidad por la vía de restituir y dotar de facultades omnímodas y hasta metaconstitucionales al jefe del poder ejecutivo, al extremo de permitir que ahora pueda ausentarse de la entidad hasta por 20 días.

En las prisas por posicionar y abonarle legitimidad al gobernador electo, la vieja élite priísta que gobernó en el pasado reciente (1998-2004) le está apostando a una reedición de las viejas formas de hacer política que hasta cierto punto resultaron eficaces hasta las postrimerías del siglo XX , pero que hoy en día pudieran ser insuficientes, y tal vez hasta contraproducentes, en el contexto de una entidad periódicamente convulsionada en donde la primera alternancia terminó por desacreditar a instituciones de los poderes públicos, partidos y organizaciones sociales y sindicales propiciando un mayor distanciamiento entre gobernantes y gobernados.

Y el principal referente de este divorcio y descrédito institucional lo fue y es el poder legislativo.

Twitter: @YescasIsidoro

Septiembre 24 del 2016.