Reforma educativa y gobernabilidad: ¿qué debemos esperar para después del 1D?

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Martes 14 de agosto de 2018

La —en apariencia— sorpresiva exoneración de la ex lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, ha sido vista desde la perspectiva de la derrota que esto significa para la administración del presidente Enrique Peña Nieto y su reforma educativa, aunque en realidad parece que ha sido poco dimensionada desde la perspectiva del futuro de la evaluación docente y de la gobernabilidad que, en buena medida, se encuentra en las manos del magisterio nacional. El nuevo régimen parece aglutinar a los dos polos magisteriales, aunque hasta ahora no ha quedado claro hacia dónde irá el cambio que parece inminente en la relación maestros-Estado respecto no a la evaluación, sino a sus consecuencias.

En efecto, parece estar lejos de ser una coincidencia el hecho de que la maestra Gordillo anunciara su exoneración de todos los procesos judiciales que se le iniciaron hace cinco años y medio para mantenerla en prisión, el mismo día en que Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia que lo acredita como Presidente Electo del país. La lectura política inmediata, apuntó a que La Maestra habría sido parte del proceso de distensión entre los dos regímenes, una vez que vencedores y derrotados admitieran constitucionalmente —a través de la declaratoria del Tribunal Electoral— el resultado electoral y el cambio de rumbo del país, en el que pareciera que ocurrirán muchas cosas, menos una persecución judicial o política entre los presidentes saliente y entrante.

Más allá de eso, lo que queda claro es que de nueva cuenta la profesora Gordillo estableció coordenadas de negociación política desde prisión desde antes de los tiempos de campaña, y que una vez más son los resultados electorales los que influyen en la situación que la determina. La maestra Gordillo fue a prisión a partir de su oposición a ciertas disposiciones de la reforma educativa, que tenían que ver no necesariamente con el proceso de evaluación, sino con las consecuencias de dicho proceso, las cuales apuntan, en casos específicos, a que el trabajador de la educación —adherido al SNTE, por definición, y quizá también identificado con la CNTE— pueda llegar a perder su empleo al no aprobar cierto número de evaluaciones de manera consecutiva.

De hecho, así lo señalaba el periodista Roberto Rock en su columna Retrato Hereje, de El Universal, el pasado 12 de agosto: “Los testimonios recogidos coinciden en que la lideresa Gordillo se opuso centralmente a que un profesor pudiera ser removido de su puesto en caso de no ser aprobado en las evaluaciones determinadas por la autoridad. El riesgo sobre la permanencia de los mentores (como se describe en la normatividad aprobada ese 2013), no las evaluaciones mismas, fue lo que desató lo que vendría después.”

Lo que vino después fue la cárcel para la maestra Gordillo, y la reforma educativa, a la que los enemigos históricos también se opusieron paradójicamente a partir del mismo argumento. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, movimiento disidente del SNTE con amplia presencia en el sureste del país, calificó a la reforma educativa como punitiva, y denunció que en realidad esa era una reforma laboral y administrativa disfrazada de educativa.

De hecho, la Coordinadora rechazó tajantemente la evaluación docente y sus consecuencias, y ese fue el pivote de la alianza que luego trabaron con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que quién sabe si para ganar adeptos, o por una convicción en concreto, también se declaró en contra de la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución federal y desde hace años anunció que, de ganar la elección presidencial, abrogaría la reforma educativa.

POCAS LUCES

Hasta el momento ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni la Coordinadora, han dado luces en concreto sobre qué harán para lograr el cumplimiento de la promesa de campaña de López Obrador, ahora que se prepara para convertirse en Presidente y que está respaldado por una amplísima mayoría legislativa tanto en el ámbito federal, como en la mayoría de las entidades federativas.

El ahora Presidente Electo también ha sido escueto en sus dichos sobre este tema, al decir que derogará el texto constitucional relacionado con la reforma, pero estableciendo la salvedad de que mantendrá sus funciones el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que, de hecho, es el órgano constitucionalmente autónomo que se encarga de aplicar la evaluación docente y de establecer los criterios de estímulo o sanción para los profesores del país, a partir de los resultados de sus valoraciones.

En esta perspectiva, antes de la elección se preveía un escenario más complejo: hasta pocos días antes de la elección del 1 de julio, parecía clara la victoria de López Obrador en la carrera por la Presidencia, pero no se preveía que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional fuera a obtener la victoria legislativa que finalmente consiguió. En dicho escenario inicial, lo que era previsible —y quizá por eso así lo dijo el ahora Presidente Electo— es que el Ejecutivo federal enviara al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que contuviera su promesa de intentar derogar las disposiciones señaladas, pero que la pluralidad legislativa —y el proceso rígido para reformar la Constitución, establecido en su artículo 135— dificultara el proceso de conseguirlo.

En aquel momento, particularmente la respuesta de la CNTE, que al parecer tampoco estaba segura de un resultado holgado a favor de Morena en las elecciones legislativas, fue exigirle a Andrés Manuel López Obrador que cumpliera su promesa a los maestros del sureste del país, y que ya siendo Presidente emitiera un decreto derogatorio de la reforma educativa, a pesar de ser claro que esa acción sería no sólo inconstitucional sino el inicio de una abierta crisis constitucional, por la intromisión del Ejecutivo en la estabilidad y solidez de las disposiciones constitucionales.

Fuera de eso, hasta ahora hay dos cuestiones que siguen siendo una incógnita: una, es la postura que asumirá el SNTE frente al futuro de la reforma educativa y el nuevo Presidente, ahora que la maestra Gordillo —su indiscutible lideresa moral— está en libertad; y qué proyecto tendrá López Obrador respecto a este asunto, que dentro de no mucho tiempo comenzará a ser prioritario para su gobierno por ser un elemento de gobernabilidad importante.

FUTURO INCIERTO

Hasta ahora, ha dejado ver que su prioridad será la procuración de justicia y la reconfiguración del esquema de seguridad pública federal, y por eso hasta pidió a su antecesor el envío al Congreso de sendas iniciativas sobre esos temas, con calidad de preferentes. Lo cierto es que a partir del 1 de diciembre, AMLO tendrá que hacer algo para dar luces sobre el cumplimiento de su promesa. De no hacerlo, tendrá al CNTE y a la SNTE en las calles exigiendo que cumpla con el punto central de dejar subsistente, si quiere, la evaluación docente, pero derogar las disposiciones que sancionan con la pérdida del empleo a quien no apruebe tres evaluaciones de manera consecutiva.

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