Congreso 

Proponen armonizar Constitución de Oaxaca para que servicios de salud sean gratuitos

  • La presidenta de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura local, Mariana Benítez Tiburcio, presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 de la carta magna.

San Raymundo Jalpan, Oax. 11 de agosto de 2022.- Para que las y los oaxaqueños, sin seguridad social, puedan recibir gratuitamente los servicios de salud, el Congreso de Oaxaca estudia la propuesta de armonización de la Constitución local con la federal.

La iniciativa presentada por la presidenta de la Mesa Directiva de la 65 Legislatura local, Mariana Benítez Tiburcio, consiste en reformar el párrafo séptimo del artículo 12 Constitucional, para reconocer como un derecho de la ciudadanía el contar con servicios médicos gratuitos.

“Existe un gran número de la población que tiene demasiadas carencias para acceder a los servicios de salud. Quienes no cuentan con seguridad social por parte de instituciones federales, enfrentan una problemática grave porque no tienen la posibilidad de tratar alguna enfermedad que ponga en riesgo su vida”, señaló la diputada.

A nivel federal, desde 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en la cual se establece como materia de salubridad general, la prestación gratuita de los servicios de salud.

En 2020, se publicó también la modificación aprobada al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que toda persona tenga derecho a la protección de la salud.

Derivado de ello, en el Congreso de Oaxaca la legisladora presentó la propuesta de armonización. “Incorporar la gratuidad de la salud a nuestra Constitución local, acorde con el texto constitucional federal y como parte de la Nación, reconoce a la par el derecho de la ciudadanía oaxaqueña de contar con servicios dignos de salud; pero a su vez habla de congruencia legislativa y humana”, argumentó.  

El proyecto es estudiado por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.

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