Preocupante, que El Bronco base su campaña en propuestas que ultrajan a la Constitución

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Jueves 26 de abril de 2018.

Es muy preocupante que uno de los candidatos a la Presidencia de la República intente posicionar su campaña proselitista con base en propuestas que constituyen francas violaciones a la Constitución. No conforme con haber llegado a la candidatura presidencial independiente con amaños demostrados en la integración del apoyo ciudadano requerido, ahora Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, está basando su campaña y su popularidad en supuestas propuestas que en realidad encierran patrañas que, además, atentan gravemente contra el Estado de Derecho. No debiera ser ese ni el ejemplo de campaña, ni el ejemplo de candidato, ni mucho menos la demostración del fracaso —que muchos quisieran— de las candidaturas independientes.

En efecto, durante el primer debate realizado entre todos los candidatos presidenciales el domingo pasado, quien verdaderamente sorprendió, por sus disparates, fue Rodríguez Calderón, al proponer que a quien se le demuestre que incurrió en el delito de corrupción “se le corten las manos”, como si con ello se lograra que no volvieran a “agarrar” lo que no es suyo. La propuesta primero causó risa porque parecía una espontaneidad macabra sacada de la chistera, para tratar de sacar de balance a los demás candidatos. Luego, una de las moderadoras se volvió a referir al Bronco para preguntarle si era en serio su propuesta, a lo que éste respondió que sí, y que si así habían revertido en algunos países los índices de corrupción, eso también se podría en México a través de dicha propuesta.

Ayer lanzó una más: En su trayecto de Querétaro a Celaya, Guanajuato, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, atendió llamadas de sus simpatizantes y en una de ellas se manifestó en favor de la pena de muerte para violadores y asesinos.

-¿Usted aplicará la pena de muerte a todos esos que son violadores, que matan y roban cosas grandes?”, le preguntó una mujer. -“Claro, claro que sí”, le respondió el aspirante presidencial. -“¿Cree que con eso disminuiría la violencia?” -“Claro, porque al delincuente le daría miedo”, dijo “El Bronco”. De acuerdo con el aspirante ha respondido más de mil llamadas de ciudadanos que le expresan su apoyo su candidatura y a que le corte las manos a los servidores públicos corruptos.

Es importante considerar que estas medidas pueden ser populares porque, dada la enorme incidencia delictiva, mucha gente se pronuncia no sólo a favor de esas medidas sino incluso de poder hacer justicia por propia mano. No obstante esa realidad basada puramente en el sentimiento de algunos sectores de la población, lo cierto es que ambas prácticas (la mutilación y la pena de muerte) se encuentran expresamente prohibidas por la Constitución, con el dato adicional de que son medidas sin posibilidad de regresión, siempre que México se mantenga como un Estado que asume y reconoce los compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos, y que respeta los tratados internacionales en esa materia que han sido firmados y ratificados por nuestro gobierno.

VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL

Cualquier pena de mutilación corporal ha estado prohibida por la Constitución de la República desde su promulgación, en 1917. En aquella publicación original de la Constitución, el artículo 22 decía: “Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

En aquellos años, la pena de muerte sí estaba permitida por la Constitución en algunos casos, salvo por motivos políticos. Decía en aquel momento: “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.”

Esta disposición quedó derogada en el año 2005, cuando fue suprimido el párrafo precedente del artículo 22, y su redacción cambió a la que tiene actualmente, estableciendo desde el inicio la prohibición expresa de cualquier tipo de pena de muerte. Hoy la Constitución dice: “Quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

Estas son disposiciones que están ancladas a dos principios básicos que debería conocer El Bronco, que quiere ser Presidente, antes de hablar con tanta ligereza. El primer principio es el relativo a que los derechos humanos están sujetos al principio de la progresividad, el cual implica que los derechos fundamentales —el derecho a la vida, esencialmente, así como el de la dignidad humana— no pueden ir en retroceso. Pensar en el restablecimiento de la pena de muerte implicaría, en ese caso, una ruptura fuerte y profunda a uno de los pilares en los que cimentan los derechos fundamentales en México.

La otra cuestión, son los tratados internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras, dispone el compromiso de las naciones firmantes —México, entre ellas— de eliminar de su legislación la pena de muerte como sanción; el compromiso de que, de no eliminarla, evitar su aplicación en los hechos; y que de no contemplarla o haberla eliminado, comprometerse a no reimplantarla. México es parte de dicho compromiso, por lo que si bien el derecho internacional no es obligatorio, sí está sujeto al principio “Pacta Sunt Servanda”, que establece en el orden internacional que los compromisos adquiridos por las naciones deben ser cumplidos voluntariamente.

DESPRECIO

Evidentemente, hablar de cuestiones como la mutilación de un funcionario al que se le comprueba haber cometido un delito relacionado con corrupción, puede ser de entrada algo popular. Sin embargo, no sólo revela un profundo desconocimiento y desprecio por el orden jurídico —que puede no cumplirse a cabalidad, pero que es deber fundamental del Titular del Ejecutivo cumplirlo, y hacer que todos lo cumplan—, sino también una enorme y peligrosa temeridad respecto a las propuestas planteadas. México tiene ya suficientes muertos y violencia, como para que el Estado decida equipararse a los criminales y a quienes desprecian la vida y la integridad de las personas, y se ponga a cortar manos o a matar a las personas a las que, también se supone, debería permitirles las condiciones para reinsertarse en la sociedad. De ese tamaño es el desprecio, la locura y las ocurrencias del Bronco.

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