Oaxaca 2017: ni milagros, ni apariciones.

Isidoro YESCAS

Dos mil siete fue un año de grandes promesas incumplidas  para Oaxaca: en lo político, porque con una segunda alternancia en el poder ejecutivo  renació- como cada seis años- la falsa esperanza de un mejor presente y futuro; en lo social, porque llovieron las promesas de revertir los altos índices de pobreza  y marginación social y educativa;  y en lo económico, porque se apostó a megaproyectos como la Zona Económica Especial del istmo de Tehuantepec como la fórmula mágica para detonar la recuperación y el ansiado desarrollo socioeconómico de Oaxaca.

Sobraron las buenas intenciones, con altas dosis de demagogia, para revertir el retraso histórico de nuestra entidad, en donde la baja intensidad de la participación ciudadana y la sobrerrepresentación y corrupción de los sindicatos y organizaciones clientelares y la partidocracia, sumado a la presencia dominante de los grupos de choque del oficialismo (CTM, Sindicato Libertad, Frente Popular “14 de junio”, etc.) abonaron terreno a la estrategia de cooptación-simulación del nuevo gobierno para mantener y reproducir los viejos pero siempre funcionales mecanismos de control de las oposiciones.

Funesto en casi todos los sentidos, menos en la intención que desde abajo fluyó desde el 2006 para intentar cambiar al viejo régimen, la fallida  experiencia del primer gobierno de alternancia encarnado en el gabinismo  facilitó, junto con la división de las izquierdas, el regreso del viejo  PRI  y, en esa línea, el reposicionamiento del muratismo en sus dos versiones cogobernantes.

A contrario sensu de lo que desde la Coordinación Comunicación Social del gobierno del estado se publicita, la realidad de Oaxaca sigue casi igual que hace cinco sexenios: salvo en lo cultural, el subdesarrollo social y económico, y hasta el político, persiste como signo distintivo de una entidad que suma ahora  a sus ancestrales rezagos y las complicidades de todo tipo, el silencio y la corrupción de las organizaciones clientelares y la partidocracia oposicionista, una débil gobernabilidad, la violencia del crimen organizado,  inseguridad pública creciente y la corrupción e impunidad oficial.

Y con todo que con el arranque de la segunda alternancia en diciembre del 2016 se vendió la idea de que el apoyo del presidente de la república Enrique Peña Nieto resultaría determinante para que el gobierno de Alejandro Murat cambiara el viejo rostro de miseria y abandono de Oaxaca, hasta ahora son  escasas  las señales y evidencias de que vamos por el rumbo correcto.

Siguen pesando mucho, por supuesto, los problemas estructurales de la entidad y el anquilosado modelo político de gobernar para los poderes fácticos y organizaciones clientelares, descuidando, las más de las veces, el compromiso constitucional de escuchar y atender las necesidades y reclamos de todos los sectores sociales y políticos. Los sismos ocurridos en el mes de septiembre resultaron una excepción esta regla no escrita pues, en lo general, la respuesta oficial para atender a la población damnificada fue rápida y eficaz, situación que no está ocurriendo con el proceso de reconstrucción.

Y hoy como ayer (con excepción de la crisis política que se vivió en el 2006) el diálogo y la negociación se mantienen como premisas fundamentales en el ejercicio del poder.

Sin embargo esta apertura institucional no se ha traducido en un ejercicio de gobierno transparente ni en una rendición de cuentas confiable pese a que, a diferencia de hace dos sexenios, ahora ya contamos con normas e   instituciones con atribuciones para prevenir y/o sancionar conductas y acciones proclives a la opacidad y a los grandes negocios al amparo del poder público.

Los grandes pendientes del gobierno en turno están a la vista y se expresaron de diversas maneras durante este aciago año: un gabinete  que ya va para su tercer reacomodo sin que se advierta sorpresas en los relevos  y tampoco con el suficiente conocimiento de la realidad oaxaqueña para acompañar al jefe del poder ejecutivo en la difícil y complicada tarea de gobernar una entidad en donde permanentemente se desafía al estado de derecho y a las instituciones; un escenario  de incertidumbre en materia del desarrollo social de la entidad si se toma en cuenta que, pese al “presupuesto histórico” del 2018, hay todavía mucho por hacer para resarcir la quiebra financiera heredada del gabinismo y para apuntalar los proyectos estratégicos  delineados en el Plan Estatal de Desarrollo; y un escenario no menos complicado y explosivo en materia de gobernabilidad si se toma en cuenta que en un año electoral todas las fuerzas políticas y sociales de la entidad estarán muy activas, y ese solo hecho ya introduce un elemento de riesgo a la frágil estabilidad institucional de Oaxaca.

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Diciembre 22 del 2017.