OAXACA 2015: Elecciones bajo fuego (I de III) Isidoro YESCAS

Isidoro YESCAS

El objetivo central de este ensayo –presentado en el XVI Congreso Nacional de Estudios Electorales convocado por la SOMEE- es narrar y analizar las reacciones y omisiones de las autoridades electorales del INE, a nivel nacional y local, ante la determinación del gremio magisterial de Oaxaca de boicotear los comicios federales celebrados recientemente en Oaxaca Pero a partir de estos sucesos, también en este ensayo se da cuenta del cúmulo de irregularidades e incidentes registrados antes y durante la jornada electoral en por lo menos 5 de los once distritos electores de la entidad, hechos que a partir de las propias disposiciones legales establecidas en la legislación electoral, ameritaban una revisión más pulcra y cuidadosa de cada caso por parte del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se llama también la atención sobre el papel jugado por los partidos políticos y el gobierno del estado para concluir que en el contexto de una elección atípica y de mucha crispación social y política, el caso de Oaxaca debió merecer desde un principio un seguimiento y una respuesta puntual por parte del INE, y no sujetarse a los tiempos políticos del gobierno federal para tomar decisiones de última hora que le restaron eficacia y certeza a las actividades de la autoridad electoral.

Finalmente, se sugiere que a partir de esta experiencia en futuras reformas se considere incorporar disposiciones legales y administrativas que otorguen mayores facultades al INE y a los organismos públicos locales para hacer frente a escenarios de crisis política como los que vivió el estado de Oaxaca en las elecciones federales del 2015.

Las demandas de la sección 22 del SNTE

El movimiento que desde el 2013 venía encabezando la CNTE en contra de la reforma educativa se expresaba con mayor fuerza y persistencia en Oaxaca con la sección 22 del SNTE que, al tratarse del sector mejor organizado y el más numeroso de las secciones integrantes de la CNTE, contaba con una mayor capacidad de presión y movilización.

De ahí que fue la única sección sindical disidente que opuso a la reforma educativa federal su propio modelo educativo mediante la aprobación de un proyecto alternativo denominado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO). El documento se presentó ante el Congreso local con la intención de que fuera aprobado sin cambio alguno y el mismo gobernador del estado, Gabino Cué, lo hizo suyo al proponer integrarlo a la Ley General de Educación Federal y aceptar que se trataba de una iniciativa de ley “que reconoce y articula los principios establecidos en la Constitución de la República, pero a la vez, busca transformar la educación pública del país, por la senda de la legalidad y las instituciones”.

Sin embargo, el PTEO nunca fue presentado al pleno del Congreso local, pese a las presiones de las que sería objeto por parte de la sección 22 del SNTE para que lo aprobara.
Estas presiones hacia el Congreso y el poder ejecutivo, por un lado, y hacia el gobierno federal, por el otro, se expresaron de diversas maneras e incluyeron manifestaciones, marchas así como bloqueos de calles, carreteras, tomas de oficinas públicas la suspensión temporal de actividades escolares y la permanencia de un “plantón” que desde meses atrás habían instalado frente al Palacio de Gobierno. Los escenarios: la ciudad de Oaxaca, fundamentalmente, pero también el Distrito Federal.

Esta estrategia de movilización-negociación-movilización, ensayada una y mil veces por el movimiento magisterial oaxaqueño en sus más de 30 años de existencia como sector disidente del CEN del SNTE y opositor sistemática de las políticas del gobierno federal, se puso en práctica nuevamente en Oaxaca, en el DF y en los estados en donde tiene presencia la CNTE para impedir la aprobación y aplicación de la reforma educativa. Así, entre 2013 y 2014 , Oaxaca fue escenario de todo tipo de protestas y movilizaciones magisteriales que se radicalizaron para los primeros meses del 2015 , situación que, por un lado, tensó las relaciones entre el gobierno del estado y el gobierno federal y, por el otro, fue cerrando los espacios de interlocución y negociación entre la dirigencia de la sección 22 del SNTE y la Secretaría de Gobernación.

Cuando el proceso electoral federal se inició, pero sobre todo en la etapa de las campañas partidistas, es decir, entre abril y junio del 2015, las protestas del magisterio oaxaqueño, y de la CNTE, no habían bajado de intensidad. Al contrario, la coyuntura electoral radicalizó sus posturas y métodos de lucha para demandar la abrogación de la reforma educativa y la aprobación del PTEO. De ahí que para la última semana de marzo, su asamblea estatal acordara formalmente boicotear las elecciones federales, a través de dos medidas iniciales: uno, organizar “plantones” frente a la sede del consejo local del INE en la ciudad capital y en las once sedes distritales; y, dos, no permitir la instalación de casillas en escuelas públicas de nivel básico”. (Milenio, 2015:pp.1-5).

En respuesta al emplazamiento, el INE, a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local, Roberto Cardiel Soto, declaró con desbordado optimismo que el INE contaba hasta con tres direcciones alternas para reubicar 1, 183 casillas, de un total de 5, 228, que en cada proceso electoral se instalaban en escuelas públicas (Milenio, 2015:pp.1-5)

El Boicot

Queda claro, entonces, que no obstante que ya desde la última semana de marzo, es decir por lo menos una semana antes del inicio del proceso electoral, la sección 22 del SNTE estaba enviando señales claras que el boicot a las elecciones federales era ya parte de un acuerdo de su asamblea estatal en tanto el gobierno federal no resolviera sus demandas gremiales y políticas , hasta la segunda semana del mes de mayo el Consejo General del INE no había incluido en su mapa de riesgos al estado de Oaxaca, como sí lo estaban otros estados con problemas políticos y sociales derivados de la fuerte presencia del crimen organizado, prioritariamente Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Al parecer los consejeros del INE, y la propia autoridad electoral en Oaxaca, estaban demasiados confiados que la Secretaría de Gobernación desactivaría en cualquier momento lo que se juzgaba solamente como un amago del magisterio oaxaqueño para impedir el desarrollo de las elecciones en Oaxaca y otros estados. De ahí que se resistieran a instrumentar con suficiente anticipación un plan B que les permitiera asegurar la reubicación de 1183 de un total inicial de 5 mil 228 casillas programas para instalarse en todo el estado y de las propias sedes del consejo local y los consejos distritales y, sobre todo, el traslado y entrega oportuna de la paquetería electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Todo lo anterior, además, previsto en la propia legislación electoral.

Por ejemplo, en declaraciones a un medio local, el Vocal Ejecutivo y presidente del Consejo local del INE, Roberto Heycher, declaró a mediados de abril que no había necesidad de diseñar un plan de reubicación de casillas “dado que el proceso electoral avanza con tranquilidad” (El Imparcial, 2015: abril 18). Y una semana antes de la jornada electoral todavía tuvo la osadía de manifestar que “los profesores de la sección 22 del SNTE siempre han sido aliados históricos del órgano electoral”. (Noticias, 2015: mayo 29).

Sin embargo, las señales de riesgo enviadas con el acuerdo del boicot en la última semana de marzo no se disiparon ni en abril ni en mayo pues no obstante que la Secretaría de Gobernación mantenía sus puertas abiertas para dialogar y negociar con las dirigencias de la sección 22 del SNTE y de la CNTE, resultó imposible pactar acuerdos que no incluyeran la abrogación de la reforma educativa. Y bajo ese escenario, el magisterio disidente no bajó la guardia y durante el primer mes de las campañas fueron insistentes en destruir, por lo menos en tres fechas diferentes, la propaganda electoral de candidatos y candidatas de los partidos políticos, pero fundamentalmente del PRI, PRD y PAN, así como bloquear y grafitear sus oficinas, haciendo lo mismo con las oficinas del consejo local y de los consejos distritales del INE.

Pero tampoco los partidos políticos fueron lo suficientemente pro activos para obligar a la autoridad electoral a tomar medidas preventivas. Parecieron estar conformes con hacer exhortos públicos al magisterio para no boicotear las elecciones esperando que el gobierno federal tomara el control de la situación.

Los primeros acuerdos para aplicar un Plan B se empezarían a tomar hasta después del 17 de mayo cuando la asamblea estatal de la sección 22 del SNTE acordó iniciar un paro indefinido de actividades a partir del primero de junio, reafirmando su determinación de boicotear las elecciones federales en Oaxaca.

El acuerdo del magisterio incluía, además del paro, movilizaciones en el Distrito Federal y Oaxaca, toma de gasolineras en todo el estado y el bloqueo a las instalaciones de la refinería de PEMEX en la ciudad porteña de Salina Cruz.

Sin embargo, ni el INE, ni el Consejo local y tampoco los partidos políticos y el gobierno del estado valoraron los riesgos que ya se advertían con estos acuerdos y todavía se mostraron confiados en una solución del problema por parte de la Secretaría de Gobernación.

Nada más lejano a la realidad pues entre el primero y seis de junio, el magisterio, apoyado por grupos de encapuchados y activistas del Frente Popular Revolucionario, se movilizaron en los once distritos para ocupar y causar destrozos en las sedes del Consejo Local , de los consejos distritales del INE y, todavía, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, bloquear gasolineras, ocupar la refinería de Pemex en Salina Cruz y tomar el Aeropuerto Internacional, entre sus acciones más contundentes.

Se trató de una operación estratégicamente diseñada para colapsar la ciudad capital y puntos neurálgicos de la entidad dirigido a impedir a toda costa que se celebraran los comicios, que si bien no tuvo el respaldo de la mayoría del gremio magisterial, toda vez que el paro indefinido y el boicot solo lo había aprobado una tercera parte de los 78 mil maestros y trabajadores de la educación, si impactó fuertemente en la estabilidad política de la entidad y detuvo los trabajos previos a la jornada que ya con contratiempos venía realizando el INE y sus consejos local y distritales.

En más de tres décadas de movilizaciones y tomas de edificios públicos nunca los grupos radicales de la sección 22 del SNTE se habían atrevido a llegar al extremo de provocar y humillar a elementos del ejército como ahora lo hicieron al desalojarlos de las sedes de los consejos distritales de Oaxaca, Huajuapan, Santa Lucía del Camino, Tlacolula y Miahuatlán, entre otros. Primero los retuvieron y luego fueron obligados, con sus armas en ristre, a abandonar los inmuebles.

El desabasto de gasolina provocó malestar e irritación de todos los sectores sociales, lo mismo en contra de los protagonistas del boicot que en contra del gobernador Gabino Cué. A través de las redes sociales las protestas e insultos se multiplicaron ante la inacción gubernamental.

Obligado por las circunstancias, el gobernador cambió su discurso conciliador y exigió al magisterio “respeto a las instituciones” exhortándolos a conducirse por las vías de la legalidad.

Pero los disturbios continuaron y todavía tres días antes de la fecha de la jornada electoral en algunos distritos se registraron agresiones a personal del INE, saqueos y destrucción de paquetería electoral y el incendio de por lo menos tres inmuebles que ocupaban los consejos distritales.

Fue hasta entonces que Lorenzo Córdova, presidente del INE, reconoció que la elección estaba en riesgo ante la toma de todos sus consejos distritales y del consejo local, y que ante los hechos de violencia que se venían registrando consideraba necesario la intervención a las autoridades del gobierno federal para asegurar el desarrollo de la jornada. (Noticias, 2015: junio 4).

Para entonces la Secretaría de Gobernación prácticamente había suspendido negociaciones con la sección 22 y la CNTE.

*Resumen de la ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de Estudios Electorales convocado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y la UANL, celebrado del 14 al 16 de octubre en Monterrey, Nuevo León.

Segunda parte el proximo miercoles en este mismo espacio.